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Ley de inclusión, violencia escolar y liceos emblemáticos

Ley de inclusión, violencia escolar y liceos emblemáticos
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Según cifras de la Municipalidad de Santiago, dadas a conocer la semana pasada por el diario El Mercurioninguno de los denominados liceos emblemáticos de la comuna llenó sus vacantes tras las matrículas de diciembre y enero.

En detalle, en el Instituto Nacional sobraron 167 cupos; 153 en el Liceo Javiera Carrera; 245 en el Manuel Barros Borgoño; 526 en el Internado Nacional Barros Arana (INBA) y 531 en el Liceo de Aplicación.

En Acción Educar, consideramos que las cifras entregadas son la manifestación final de que las características distintivas y el valor agregado de estos liceos, como la excelencia académica y un proyecto educativo claro, han ido desapareciendo debido a la violencia y la degradación de la convivencia al interior de los establecimientos.

Al no contar con los atributos que los hacían únicos, las familias dejan de elegir este tipo de establecimientos, matriculando a sus hijos en otro colegio.

Discursos políticos y su repercusión en las instituciones

“Los discursos políticos tienen consecuencias”, señala nuestro director ejecutivo, Daniel Rodríguez. “Ha habido un discurso contra el mérito académico. No es mérito, sino privilegio. Tampoco se debe seleccionar, ya que lo han tildado como una forma de discriminación. Los discursos políticos terminan dañando a las instituciones “, sostiene.

 En esa línea, subraya que “hay acciones como la Ley de Inclusión que no solo restringió la selección académica, sino que el director tiene muchas dificultades para expulsar a los estudiantes que no comparten con su proyecto educativo. Si esto se suma a la violencia se da una mezcla de discurso y de políticas que deriva en proyectos que terminan por decaer en su esencia y, cuando eso pasa, los padres buscan otra alternativa. La que pierde es la educación pública y eso debería preocuparnos más que si fuera un establecimiento cualquiera”.

Respecto al rol de los directores de los establecimientos, señala que “se ha degradado la autoridad del director o del sostenedor, diciendo que si tú aplicas medidas disciplinarias estás incurriendo en un abuso, y si expulsas a un estudiante por mal rendimiento eso es exclusión o discriminación. Ese es el discurso de la Ley de Inclusión y de las políticas”. Y agregó: “hasta el día de hoy no hay ninguna norma sobre cuáles son las atribuciones de los directores de los colegios municipales”.

¿Cómo enfrentar esta compleja realidad?

Debe haber una humildad política que provenga desde los sectores políticos que impulsaron la Ley de Inclusión. Se deberían entregar más atribuciones a los directores y permitir la selección académica en la educación publica, procurando que no sea un factor de discriminación.

Por otro lado, la violencia tiene una estrecha relación con las atribuciones del director. Si al tomar una decisión, estos no cuentan con el respaldo de los apoderados o el alcalde, será difícil que esos establecimientos puedan salir de la espiral de violencia.