Contraloría Regional de Valparaíso archivos - Radio Agricultura
Publicado enPolítica

Diputado Celis exige auditar la licitación de cámaras de televigilancia en Viña del Mar

Este lunes el el diputado Andrés Celis recurrió a la Contraloría Regional de Valparaíso, solicitando que revise todo el procedimiento administrativo llevado a cabo en la licitación pública por el arriendo de cámaras de televigilancia en Viña del Mar.

La solicitud que vuelve a surgir tras la visita del parlamentario a la Central de Comunicaciones de Carabineros en la comuna, donde pudo verificar que sólo habían 4 aparatos operativos para resguardar la seguridad de la ciudad jardín.

En julio de 2021, la alcaldesa Macarena Ripamonti propuso no renovar el contrato con la empresa Global Link, argumentando una gestión deficiente y esperando que en menos de 60 días se iniciara un nuevo sistema con alta tecnología y hasta reconocimiento facial. 

La licitación no estuvo exenta de problemas y retrasos, debiendo realizarse cambios en el contrato por errores administrativos y de fechas.

Así, en septiembre recién pasado, se propuso un trato directo con la empresa INGESMART para el arriendo de 36 cámaras con un costo mensual (5 meses) de $28 millones y una inversión municipal de $140 millones.

Sin embargo, el día anterior a que se votara en el Concejo, la Municipalidad recibió ofertas de licitación pública para el arriendo de 122 cámaras por 36 meses y aproximadamente $30 millones mensuales.

La operación llamó la atención por la gran diferencia entre lo propuesto. Al no dar explicaciones suficientes, el concejo rechazó la propuesta de trato directo.

Durante un concejo celebrado en agosto 2021, la directora de Seguridad Ciudadana reconoció haber sostenido conversaciones telefónicas y de correo con el gerente de Ingesmart, lo que vulneraría gravemente los principios de probidad administrativa, así como el de igualdad de los oferentes.

Finalmente, el 24 de diciembre se firmó el acuerdo con INGESMART, dando un plazo de 60 días corridos (vencía el 22 de febrero) para la instalación de 122 cámaras de televigilancia, que serían manejadas por personal de Carabineros y municipal. 

Celis aseguró que “hasta la fecha y, a pesar de todo el tiempo transcurrido, sólo hay 4 cámaras funcionando en toda la comuna de Viña del Mar y deben haber responsables administrativos por esto”.

“Más allá de los evidentes problemas de seguridad que causa esta lentitud en la licitación y ejecución; también existen dudas fundadas sobre vulneraciones a los principios de probidad e igualdad de los oferentes, lo que merece ser analizado y estudiado por la Contraloría de la Región de Valparaíso”, añadió.

“La última licitación, que aún no trae frutos para la comuna, podría ser incluso invalidada por la no ejecución en los tiempos establecidos y las falencias en probidad”, explicó el parlamentario.

“No es aceptable que funcionarios municipales sostengan conversaciones directas y privadas con una empresa, cuando en paralelo existe un proceso licitatorio.”, agregó.

“Lamentablemente, los más afectados han sido los ciudadanos tanto de Viña del Mar como los turistas, quienes han visto el aumento en la delincuencia, mientras Carabineros se las arregla como puede para resguardar la seguridad sin cámaras de televigilancia en el centro ni en los cerros de la ciudad”, finalizó el parlamentario.

Publicado enNacional

Diputado Celis pide intervención de Contraloría por posibles irregularidades en obras de hospitales de Valparaíso

El diputado Andrés Celis, miembro de la Comisión de Salud de la Cámara, recurrió a la Contraloría Regional de Valparaíso, solicitando verificar el correcto uso de los recursos públicos que han sido destinados a obras de habilitación, construcción y/o remodelación de los Hospitales Gustavo Fricke de Viña del Mar, San José de Casablanca, Claudio Vicuña de San Antonio y Psiquiátrico Dr. Philippe Pinel de Putaendo.

 

En el escrito, el parlamentario de Renovación Nacional detalla una a una las diversas problemáticas en torno a los recintos hospitalarios, manifestando además, que la Contraloría tiene por objeto fiscalizar la debida inversión de los fondos del Fisco, analizar el examen y juzgamiento de las cuentas rendidas.

 

Sobre el Hospital Gustavo Fricke de Viña del Mar, el legislador recordó los reparos efectuados en el 2018, entre ellos,  devoluciones de dineros no acreditadas, incorrecta custodia y vigencia de las cauciones, retardo en el envío de los resultados de las investigaciones sumarias que se ordenaron instruir, cambios en ductos de PVC a Metálico, entre otros.

 

Desconozco si las irregularidades en el Hospital Gustavo Fricke fueron subsanadas, por ello es necesario saber si el Servicio de Salud Viña del Mar Quillota efectivamente hizo algo para superar las observaciones. Asimismo, interesa saber si la empresa constructora OHL, a raíz de las denuncias y los reparos detectados, ha cumplido con todas sus obligaciones contractuales, de no ser así, si se han aplicado las multas correspondientes y a cuánto ascienden”, dijo el parlamentario.

 

Respecto del Hospital San José de Casablanca, la construcción del nuevo recinto actualmente tiene un 30% de avance y fecha estimada para la entrega, el 15 de marzo del 2021. “Sin embargo, es de público conocimiento que las circunstancias actuales del país, han debido modificar o retrasar las obras actualmente en ejecución, ya sea por los nuevos sistemas de turnos de los trabajadores, medidas de aislamiento, etc. Entonces, cualquier modificación de los plazos debe constar en un acto administrativo y es eso lo que queremos conocer, si se está avanzando dentro del cronograma original o existirá un retraso”, manifestó el diputado.

 

Las obras de “Normalización del Hospital Claudio Vicuña de San Antonio” están a cargo de la empresa Moller Pérez Cotapos, quienes en mayo de este año fueron multados por el Servicio de Salud Valparaíso San Antonio por cerca de 247 millones de pesos y 1.150 UF.

Además, existe un informe del Inspector Técnico de Obra que no habría sido considerado en esta amonestación y que mandataba un descuento cercano a los 2 mil millones de pesos a la constructora, debiéndose recalcular las devoluciones, anticipos y retenciones.

No hay información sobre estos temas en los documentos publicados en el portal www.mercadopúblico.cl, por lo que es urgente que la Contraloría tome conocimiento y proceda a solicitar la correspondiente información al director del SSVSA, Eugenio de la Cerda, para saber si ha adoptado las multas, infracciones y devoluciones recomendadas por el ITO de las obras”, dijo el diputado del distrito 7.

 

Segunda etapa del mejoramiento del Hospital Psiquiatrico Dr. Phipippe Pinel

 

Respecto de este último punto, el diputado Andrés Celis detalló en su presentación que al licitar se consideraron dos etapas de la obra y que dentro de las bases se indicó que existirían boletas de garantía por la ejecución y también por fiel cumplimiento del contrato referido a la construcción misma.

 

Las obras en el Hospital de Putaendo han sufrido aumentos de plazo, por lo que es importante saber si la constructora ha cumplido con su cronograma y si el Servicio de Salud Aconcagua ha impuesto las multas correspondientes por los retrasos. Además, ya que la primera etapa fue recepcionada, la única boleta de garantía que debería estar vigente es la de ejecución de la obra y espero que aquello pueda ser fiscalizado por la Contraloría para dar eficiencia al uso de los recursos públicos”,

Para ser más minuciosos con la fiscalización, sugerí al ente contralor que verificará el estado de pago del contrato y gastos generales, teniendo presente que la etapa 1 habría sido entregada conforme y, por tanto, podría procederse a la devolución de la boleta de garantía correspondiente a la construcción”, finalizó.

Publicado enNacional

Contraloría detectó millonarias irregularidades en municipio de Isla de Pascua

Pagos y contratos irregulares, además de fallas en la gestión administrativas de la Municipalidad de Isla de Pascua ,fueron detectadas por la Contraloría Regional de Valparaíso en las fiestas Tapati Rapa Nui entre 2018 y 2019.

Entre lo objetado por la Contraloría figura que en 2018 y 2019 la Municipalidad de Isla de Pascua contrató personas a honorarios por $35.251.495 y $87.598.345, respectivamente, pero no se pudo acreditar la prestación de los servicios.

Se suma además el desembolso de $9 millones en una prestación, que según el documento de la Contraloria, no contaba con los informes de actividades efectuadas.

La construcción del escenario para los festejos también fue objeto de observaciones por parte del organismo fiscalizador. En 2018, el contrato por $14.600.000 con la empresa encargada de montar dicha infraestructura se efectuó sin licitación. Un año más tarde, se utilizó una modalidad similar para un monto de $16 millones.

Respecto de este punto, la Contraloría observó la utilización de trato directo. El municipio argumentó que se usó este mecanismo debido a la urgencia y cercanía de la fecha en que se realizaría el Tapati.

Ante ello, la Contraloría advirtió que “los antecedentes de respaldo no evidencian las circunstancias o características que determinan la calificación, de emergencia, urgencia o imprevisto, toda vez que la celebración se efectúa todos los años en la misma época”, por lo tanto, agrega que las gestiones de la entidad edilicia “no se ejecutaron con la antelación necesaria”.

EVENTUAL CONFLICTO DE INTERÉS

Igualmente, se constató que el alcalde de Isla de Pascua aprobó una contratación vía trato directo y los pagos por combustible para los vehículos utilizados durante dichas festividades, a un proveedor cuyo socio principal es familiar del edil. En este ítem el municipio gastó $107.898.132 en total ($9.229.041, en 2018; y $98.669.091, en 2019).

La Contraloría, conjuntamente, advirtió que el municipio gastó $1.720.500 en prestaciones de servicios, cuyos pagos fueron visados por funcionarios que, a su vez, eran los mismos proveedores; y se acreditó la existencia de adquisiciones fragmentadas por $75.545.520.

Otra falencia detectada en la investigación da cuenta que el municipio no incorporó en su presupuesto los aportes recibidos de privados para la realización de las fiestas de ambos años. Estos montos consideran $94.731.630 en 2018 y $88.000.000 en 2019, además del aporte municipal por $90 millones.

Por último, el documento señala que la municipalidad no tiene un libro donde lleve el control de los sumarios que ha iniciado, no mantiene registro actualizado de los bienes de uso adquiridos y no cuenta con manuales que regulen ni controlen los procesos y documentos vinculados a las festividades.

DIRECCIÓN DE CONTROL

El informe también abarca irregularidades producidas en la Dirección de Control de la municipalidad. Entre ellas, figura que el nombramiento del director de control no cumplió con las exigencias establecidas en la ley, ya que el funcionario no se encontraba al tope de la planta y porque tampoco se efectuó la comparación con los empleados que pertenecían a la planta en 2016.

Además, se determinó que en una oportunidad no se acreditó que el director de control haya vuelto a sus funciones luego de cumplir un cometido funcionario mandatado por el alcalde. Tampoco se justificaron ausencias que registra este funcionario, ni la secretaria municipal.

Asimismo, la municipalidad no pudo acreditar respaldos por el gasto en pasajes aéreos para el este funcionario por un total de $1.146.183.

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

El informe también detectó debilidades en la gestión municipal, donde se detalla que cinco funcionarios municipales que se encontraban con licencia médica y reposo total, registraron viajes fuera de la isla.

Junto con ello se estableció que los funcionarios que trabajan en el municipio no registraron su jornada laboral de forma diaria en el medio de control con que cuenta la entidad edilicia.

Otro ítem constatado señala que hay 273 contribuyentes –informados por el SII- que no están registrados ni identificados por el municipio, pese a que están exentos del pago por concepto de patentes municipales.

 

Aton Chile.

 

Publicado enNacional

Contraloría inicia juicio de cuentas contra Virginia Reginato por $138 millones

La Contraloría Regional de Valparaíso inició un juicio de cuentas en contra de la alcaldesa de Viña del Mar Virginia Reginato y 24 funcionarios y directivos de la municipalidad tras detectarse que $138 millones fueron pagados de manera indebida.

La decisión del órgano contralor se basa en una auditoría consignada en el informe N°577, de enero de 2019 del órgano de control.

Según indica El Mercurio de Valparaíso, la indagatoria concluyó que se pagaron horas extras que superan la norma, existiendo contrataciones que aparentemente no estarían justificadas, las que incluyen nepotismo.

Asimismo, se estimó que existiría un déficit de $17.585.250.174, a diciembre de 2017, dinero que se busca restituir.

“Como siempre, el municipio entregará todos los antecedentes que sean requeridos y prestará toda su colaboración para esclarecer los hechos”, aseguró el administrador municipal de Viña del Mar, Claudio Boisier.

CH / Aton Chile