Hoy en día, el reglamento de copropiedad es un instrumento esencial para la convivencia en edificios y condominios, ya que se trata de un documento que establece las normas internas que rigen la vida comunitaria, desde el uso de espacios comunes hasta la manera de solucionar problemas. De esta manera, permite evitar multas, problemas con vecinos y falta de transparencia y comunicación dentro de las comunidades.
Dentro de sus contenidos clave se encuentran los derechos y deberes de los copropietarios, las normas de convivencia, la estructura del condominio junto con el régimen de multas, además de la modalidad de las asambleas, las cuales ahora pueden ser tanto presenciales como virtuales o mixtas.
“Un caso práctico importante es la incorporación de asambleas telemáticas, que ha hecho posible incrementar la participación vecinal en más de un 38% en comunidades que las han implementado, según datos de EdiPro. Uno de los cambios más relevantes es la exigencia de tener un registro actualizado de copropietarios, arrendatarios y ocupantes, facilitando así la comunicación y la toma de decisiones”, explica José Miguel Oyarzo, CEO de EdiPro.
Conforme a estimaciones recogidas por EdiPro, más del 30% de las familias urbanas en Chile vive en régimen de copropiedad, pero solo una fracción de ellas participa activamente en asambleas o procesos de actualización del reglamento.
Además, señala el ejecutivo, se establece que los reglamentos no pueden prohibir el arriendo temporal, aunque sí tienen la facultad de regular su uso en áreas comunes. Robustece la transparencia financiera, ya que obliga a los administradores a mantener una contabilidad clara, informar acerca de morosidades y permitir el acceso a los balances por parte de los copropietarios. Asimismo, se admite la utilización de plataformas digitales para la recaudación de gastos comunes.
“Desde EdiPro, donde diseñamos tecnología para comunidades más conectadas y eficientes, vemos cómo la digitalización que promueve este sistema está en sintonía con lo que nuestras plataformas ya ofrecen: reuniones virtuales certificadas, registros contables auditables y canales de comunicación inmediatos entre residentes, comités y administradores. No sólo regula, sino que también facilita nuevas maneras de convivencia basadas en la confianza”, asegura Oyarzo.
Otro punto que destaca el experto, es la oportunidad de asignar miembros del comité de administración por sorteo, en ocasiones en las que no se presenten suficientes voluntarios, con el fin de evitar vacíos de liderazgo en la gestión comunitaria. También se simplifican los quórums para la toma de decisiones, lo que simplifica la adopción de acuerdos en asambleas.
“Desde nuestra experiencia con más de 6.000 comunidades gestionadas, podemos sostener que la implementación del mencionado marco legal marcará un antes y un después. Pero para que funcione, no basta con que lo conozca el comité o la administración. Cada copropietario, arrendatario u ocupante tiene un rol que cumplir. Por eso, estamos convencidos de que democratizar el acceso a la información es tan importante como cumplir la norma misma”, finaliza José Miguel Oyarzo.
