En las últimas semanas, por no decir los últimos años, los chilenos hemos presenciado cómo el aumento de la delincuencia, el crimen y la violencia ha crecido a pasos agigantados. Tanto así, que de manera bastante generalizada la mayoría cree que esto puede llevarnos a las peores realidades latinoamericanas.
Pero no solo eso hemos observado, junto a estos dramáticos hechos, el surgimiento de una mentalidad delirante de nuestra clase dirigente, la cual se ha destacado por no entender la situación criminal de nuestro país y, como si esto no fuera suficiente, han persistido en promover la cultura de la impunidad.
En menos de una semana, nos hemos enterado de un tercer caso criminal en Maipú. Las unidades de peritaje encontraron un cuerpo al interior de un canal de regadío, sumándose este caso al de la muerte de una niña de 10 años, víctima de una balacera producto de balazos, cuyo autor era un menor de edad que se autodenunció. Si miramos hacia el sur de nuestro país, en la macrozona sur, ya van siete detenidos por hechos violentos y dos ataques incendiarios en la última semana.
En este contexto, los chilenos están viendo cómo se indemniza, con sus propios impuestos, a delincuentes de forma vitalicia. Este es el caso de Oscar Araya, excandidato a alcalde de Copiapó, quien recibió la pensión de gracia del presidente Boric y que luego fue formalizado por tráfico de drogas. Araya recibe 445 mil pesos mensuales de por vida. Otro ejemplo, aún más grave, es el de Jesús Véjar Vega, también pensionado vitalicio, quien en 2014 asesinó a un recolector de basura, apuñalándolo en el tórax y la cara. Estos son ejemplos dentro de los más de 40 indultados del estallido que tienen antecedentes penales.
Estas son las circunstancias que llevan a muchos chilenos a encontrar similitudes con otras naciones de la región que sufren la opresión del crimen organizado. Tales comparaciones parecen molestar y ofender tanto al presidente como a otros miembros del gobierno, como si dichas advertencias no fueran legítimas o acertadas. En este contexto, con un negligente e infantil “no somos Ecuador” de Boric y el absurdo “en Chile tenemos crimen organizado pero no carteles” de Monsalve, evidencian una falta de sentido de la realidad, desinterés o incluso soberbia de la actual clase política.
La falta de sentido de la realidad se evidencia en el hecho de que, aunque es obvio que Chile no es Ecuador, México ni Colombia, las similitudes y los antecedentes con los principales centros operativos del narcotráfico son innegables. El desinterés se manifiesta en los discursos vacíos que demuestran una aparente ‘impotencia’ y ‘condena’ hacia estos crímenes, sin un compromiso real por parte de la actual administración para frenarlos; una actitud que no sorprende, dado su historial de menosprecio hacia la institucionalidad y el Estado de Derecho.
La soberbia se refleja en cómo se ofenden por las críticas, revelando su percepción del poder. Los dirigentes actuales se molestan con estas comparaciones, como si fueran un ataque directo a su persona, ignorando la separación entre ellos y lo que administran (‘el Estado soy Yo’). Sin embargo, el país no es de su propiedad, tiene problemas, y lo que se critica es la pobre gestión y el fracaso de sus políticas. Las comparaciones se hacen para prevenir resultados desastrosos para el país y sus ciudadanos.
Nuevamente, la clase dirigente no ha logrado estar a la altura para prevenir problemas ni enmendar errores, pero tampoco para acoger críticas y percepciones de una realidad que cada día se hace más evidente. Sin embargo, cabe la posibilidad de que todo esto sean solo conjeturas de un análisis errado, y quizás lo correcto sea dejar todo en manos de quienes creen que “pretender ser un adelantado a tu tiempo es una forma de estar equivocado”.
Antonia Russi, Investigadora Fundación para el Progreso.
