A pocos días de los resultados de la última versión de la PAES, los padres y apoderados y la opinión pública en general se muestra devastada por el paupérrimo resultado de la educación estatal. Sólo dos colegios estatales lograron ubicarse entre los 100 establecimientos de mejor rendimiento y ningún particular subvencionado.
Estas cifras son realmente preocupantes, considerando que en 2015, año en que se promulgó la Ley de Inclusión Escolar que modificó sustancialmente el procedimiento de admisión a establecimientos que reciben aportes estatales, hubo dos particulares subvencionados y cuatro colegios del Estado. Es decir, hubo una disminución del 100% de los establecimientos particulares subvencionados y de un 50% de los estatales dentro de los 100 de mejor establecimiento.
Dicha ley tenía por objeto terminar con el lucro, la selección en la admisión y la posibilidad de los padres de otorgar aportes complementarios en los colegios (copago), con el objeto, en palabras de la expresidenta Bachelet al promulgar la ley, de mejorar la calidad de la educación de todos los niños de Chile, implementando un sistema de admisión basado en el azar, denominado sistema de la tómbola, que antepone al mérito y desempeño del estudiante una pretensión igualitaria.
Pues bien, a más de 8 años de dichas reformas, lo cierto es que la calidad de la educación en Chile no ha mejorado, al contrario, ha empeorado. Un ejemplo es el contraste entre la PSU de 2015 y la PAES de 2024, pero también se verifica en los resultados de la prueba PISA y SIMCE.
Los hechos demuestran que eliminar la selección en la admisión no permitió nivelar hacia arriba la educación, que la sola interacción entre estudiantes más aplicados, disciplinados o aventajados con sus pares que no lo son no implica la mejoría del aprendizaje de los estos últimos. No, el fin de la selección supuso quitar los patines, como mencionó el ministro de Educación de la época, de los alumnos y de las familias que veían en la educación pública una forma de mejorar su futuro y acceder a nuevas oportunidades.
Por su parte, la prohibición de los aportes complementarios también sepultó, para muchos, el sueño de la educación como motor social. Si hoy no existen colegios particulares subvencionados en el top 100, puede ser porque los padres hoy ya no pueden aportar un esfuerzo mayor en la educación de sus hijos, no porque no quieran o no puedan, sino porque la ley se los prohíbe.
De esta manera, los establecimientos debieron optar por mantenerse cautivos de un sistema estatal de subvenciones que impone severas restricciones a la hora de desarrollar un proyecto educativo, o bien, transformarse en un establecimiento particular pagado para mantener la libertad, aunque con la consecuencia de dejar fuera a cientos de familias. En muchos casos, la opción tomada fue esta última. De hecho, según el Mineduc, el 2017 fueron 118 los establecimientos que tomaron esta segunda opción, lo que según la ministra Delpiano era una preocupación del gobierno de la época.
Por tanto, el aumento de las brechas educacionales se debe, principal y fundamentalmente, a una mala política pública reflejada en la Ley de Inclusión Escolar, cuyos efectos ya hemos sentido como país, y seguiremos sintiendo mientras dicha ley subsista: prohibió el mérito en el acceso a la educación, condenando a miles de talentos a quedar en la mediocridad por no obtener una educación que les permita desarrollarse integralmente; y alejó la educación de calidad a miles de familias que, pudiendo hacer un aporte mayor para la mejor educación de sus hijos, la ley se los prohibió.
Por Rodrigo Meléndez Barrena, investigador Programa Constitucional del Instituto Res Publica.
