Una de las noticias de la semana fue el bullado anuncio del gobierno que buscaba un alza del impuesto específico a los combustibles. Dicha iniciativa junto a la recientemente rechazada reforma tributaria vuelve a poner sobre la mesa la discusión respecto a la carga tributaria ¿Los chilenos debemos pagar más impuestos?
Las declaraciones de la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, fueron repudiadas transversalmente. Parlamentarios de diversos sectores anunciaron su rechazo al posible proyecto de ley acusando que el gobierno está desconectado de las necesidades de la ciudadanía. Pareciera que, en medio de una crisis inflacionaria -el INE anunció que en febrero los salarios reales volvieron a caer, completando con ello 17 meses consecutivos a la baja- no es sensato aumentar el costo de vida de los chilenos. Esto demuestra nuevamente que las prioridades del presidente Gabriel Boric y de Apruebo Dignidad no coinciden con las urgencias de las personas. Sin embargo, las razones mencionadas para rechazar este anuncio del gobierno junto con las esgrimidas en el debate sobre la reforma tributaria son de índole práctica o surgen por mero pragmatismo.
Ante este escenario, vale preguntarse cuál es la posición de la centroderecha ante las recurrentes iniciativas que buscan aumentar la carga impositiva. En los últimos años, la derecha ha contribuido con sus votos en el Congreso a la aprobación de sendas reformas tributarias, todas las cuales proponían alza de impuestos y en varias oportunidades con el argumento de hacer “menos malo” el proyecto. Y aun cuando en esta ocasión fue rechazada la idea de legislar la reforma del gobierno, varios parlamentarios de oposición abrieron las puertas a futuros aumentos de la carga impositiva. Da la impresión que la única solución para cada problema de financiamiento que tiene el Estado es cargarle la mano al bolsillo de los chilenos.
Se ha instalado la idea de que, para financiar un nuevo gasto permanente, hay que subir impuestos cuando, en realidad, se puede y debe gastar mejor. Según cifras de la Dipres, el 60% de los programas sociales evaluados en los últimos 5 años han sido calificados como “malos” o con “desempeño bajo”; programas que en su conjunto suman US$ 3.165 millones -aproximadamente 1,15% del PIB-. En ese contexto, es fundamental que la centroderecha recuerde que el Estado está al servicio de las personas y, por lo tanto, no es solo su deber gastar de forma más eficiente y justa, sino también un imperativo ético y moral.
Agustín Quera Marcet, Dirección de Contenidos Instituto Res Publica.
