Chile es parte de un esfuerzo global por avanzar hacia una economía circular. Ello requiere promover modelos de producción limpia que se hagan cargo de los residuos que se generan, incentivando su reciclaje y valorización para nuevos usos.
Anualmente, 50.000 toneladas de baterías quedan fuera de uso en nuestro país y más de 1 millón de ellas tiene hoy un destino desconocido. Estas baterías, provenientes de automóviles particulares e industriales, son altamente contaminantes y dañinas para la salud y el medio ambiente si no se manejan adecuadamente. Sin embargo, contienen valiosos materiales que pueden ser extraídos y utilizados para la producción de nuevas baterías u otros productos electrónicos o industriales. Así, el desafío consiste en insertar las BFU en el proceso virtuoso de la economía circular.
Lamentablemente, y en pleno siglo XXI, esto no es posible hoy en Chile: la regulación actual prohíbe la exportación para valorización y reutilización de estas. Ello va acompañado del monopolio que tiene una empresa en nuestro país para tratarlas, la que no tiene capacidad instalada suficiente para procesar todos los residuos. Con todo, esta prohibición no impide que la empresa puede transformarlas y exportar sus materias primas también de manera monopólica.
Más grave aún, la falta de capacidad de tratamiento nacional de estos residuos está generando un creciente y peligroso mercado ilegal de baterías, las cuales, debido a sus componentes como el plomo y el ácido sulfúrico, son altamente cotizados (entre otros, por el narcotráfico), provocando acopio y tráfico irregulares, afectando la seguridad pública.
El Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y el Cambio Climático, aprobó por unanimidad, en julio del año pasado, un moderno Reglamento de Movimiento Transfronterizo de Residuos. Entre otros avances, la nueva regulación propuesta autoriza la exportación de baterías, solo a países OCDE o de la Comunidad Europea, bajo los más estrictos y exigentes estándares de regulación ambiental y sanitaria establecidos en el Convenio de Basilea, la OCDE y la Ley REP. Por lo demás, va en línea con un contundente informe de la Fiscalía Nacional Económica (2016) que recomendó derogar el decreto que prohíbe la exportación y regular de manera exigente la exportación de baterías, para introducir competencia y reducir las externalidades negativas existentes.
El Reglamento representa un paso en la dirección correcta, desincentivando el tráfico ilegal (un objetivo especialmente destacado en el Preámbulo del Convenio de Basilea) e incentivando la recuperación y valorización de estos residuos. Se trata de una regulación que, con muchos años de atraso, viene, por fin, a materializar en este sector, desde diversas aristas (ambiental, sanitaria, económica y seguridad), el compromiso de nuestro país de ser protagonista de la economía circular del siglo XXI.
