La conmemoración de los 50 años del 11 de septiembre de 1973 ha generado una serie de debates, confrontaciones y declaraciones en la arena política. Llaman la atención algunas iniciativas del oficialismo, como el proyecto de resolución aprobado por la Cámara de Diputados para que la Biblioteca Nacional del Congreso retire la calificación de “presidente” a Augusto Pinochet y, por otro lado, el llamado del presidente Boric a realizar una declaración transversal y conjunta entre todos los partidos políticos en relación al golpe de estado. Estas decisiones, sumada a la polémica Comisión contra la Desinformación impulsada por el gobierno dan cuenta de dos problemáticas.
Por una parte, la cruzada contra las “fake news” liderada por el presidente y, especialmente, la ministra Camila Vallejo goza de escasa credibilidad. Pues no solo es paradójico que sea el PC -partido que no se caracteriza precisamente por su respeto a la libertad de prensa y de expresión- el que esté detrás de esta comisión, sino también que el propio gobierno ha entregado en variadas ocasiones información imprecisa o derechamente incorrecta. Un claro ejemplo fue la polémica infografía publicada por redes sociales y diversos canales de gobierno que explicaba el significado de los colores de la bandera chilena en el Día de la Bandera. Por otra parte, es cuestionable la lógica que subyace a todas estas iniciativas. No es sensato intentar simplificar procesos históricos complejos y zanjar discusiones, que por naturaleza admiten interpretaciones diversas. La pluralidad de opiniones y el legítimo debate entre distintos puntos de vista es inherente a un sistema verdaderamente democrático. Pretender suprimir ciertas opiniones con el pretexto de intentar luchar contra la desinformación o el “negacionismo” es el camino equivocado. A la ciudadanía se le convence con buenos argumentos, razonamientos adecuados y comunicando acertadamente las ideas, no eliminando del espacio público las contrarias. Y si algo es falso, debe ser refutado, no silenciado.
La libertad de prensa y de expresión son garantías fundamentales que no deben verse vulneradas bajo circunstancia alguna, en especial por el aparato estatal. Sin embargo, pareciera que algunos prefieren limitar el debate imponiendo una verdad oficial, erigiéndose como los árbitros de la verdad. Cuando, en realidad, el poder para decidir si algo es o no cierto, constituye lisa y llanamente un mecanismo de control y censura inaceptable.
Agustín Quera Marcet. Dirección de Contenidos Instituto Res Publica.
