No cabe duda de que el aborto y la eutanasia son temas complejos y que suscitan mucho debate. Así lo demostró el anuncio del Presidente de la República sobre el envío del proyecto de ley de legalización de dichas prácticas. Sin embargo, con mucho menos transparencia y publicidad, el Gobierno impulsa una reforma al reglamento que permite ejercer la objeción de conciencia en el marco de la despenalización del aborto, materia que igualmente compleja e importante.
Un día antes de la Cuenta Pública, el Gobierno envió a Contraloría una modificación a dicho reglamento, mediante el cual se pretende limitar la posibilidad de ejercer la objeción de conciencia y podría favorecer la contratación de profesionales no objetores, es decir aquellos que no rechazan a realizar un procedimiento porque es percibida incompatible con los dictados morales, religiosos o éticos de la conciencia individual.
Según algunos grupos promotores del aborto la apertura en fundamentos para ejercer la objeción de conciencia no ha permitido la correcta aplicación de la ley de aborto de tres causales, por lo que resulta necesario disminuir la facultad del personal médico de abstenerse de realizar dichos procedimientos por sus convicciones personales.
En este sentido, se modifica el reglamento de modo que “los establecimientos de salud podrán considerar como un factor positivo en la contratación de personal, el hecho de no ser objetor de conciencia, a fin de evaluar su idoneidad para el cargo”. Adicionalmente, la modificación del oficialismo obliga a publicar, tal cual como las nefastas listas negras, el listado de nombres de los profesionales objetores de conciencia en lugares públicos y visibles.
La vulneración a las libertades fundamentales es clara. La modificación al reglamento busca amedrentar a los profesionales de la salud y transgredir el principio de igualdad al momento de contratar personas que no son objetores de conciencia, estableciendo una clara discriminación por motivos religiosos o de conciencia. Esto, a fin de aumentar el número de abortos en nuestro país.
Así, a juicio de los partidarios del Gobierno, la reforma vendría a hacer efectiva la aplicación de la ley. Sin embargo, el gran problema es que sacrifica la libertad de pensamiento del personal de salud y discrimina a quienes no están de acuerdo con el aborto.
Es lamentable que el Gobierno ponga el foco y esfuerzos en aumentar la práctica del aborto en Chile, en lugar de impulsar políticas públicas que terminen con los problemas de fondo que sufren las mujeres que ven el aborto como una solución.
Es necesario tomar conciencia que la pelea a favor de la vida no solo se juega en el Congreso, sino que en distintas instancias y que todos quienes defendemos la vida desde la concepción hasta la muerte natural no debemos bajar la guardia respecto a los cambios administrativos que, con subterfugios y entre gallos y medianoche busquen aumentar la práctica del aborto en Chile.
Constanza Schneider, Investigadora del Equipo Constitucional del Instituto Res Publica.
