Las pensiones de gracia, como su nombre lo indica, son un monto de dinero que se entrega periódica y “graciosamente”, sin esperar nada a cambio, a una persona en razón de un gran servicio a la Patria o un grave estado de necesidad, o bien, a su cónyuge, padres o hijos, según sea el caso.
De esta manera, comúnmente van antecedidas de grandes actos heroicos, como la valentía demostrada en una guerra; o el verse enfrentado a una necesidad gravísima que, bajo situaciones normales, dicha persona no debió soportar, como la situación de orfandad ocasionada por una pandemia.
Por tanto, las pensiones de gracia no son una anomalía en nuestra tradición legal ni política, pues siempre se las ha regulado. Al contrario, constituyen una expresión de gratitud y de caridad de toda una nación frente a una persona o su familia, por lo cual la comunidad política considera un acto de justicia la concesión de la pensión para la satisfacción de las necesidades materiales de esa persona.
Lo realmente anómalo es torcer una institución esencialmente caritativa y usarla para otorgar “pensiones” a quienes no solo no lo merecen, sino que han demostrado ser antisociales condenados por delitos graves. El actual Gobierno busca saldar una deuda política con los activistas más radicales de la Revolución de Octubre de 2019 que pavimentaron el camino del Presidente Boric, el Frente Amplio y el Partido Comunista a La Moneda.
Si es que hay un mínimo de agradecimiento y caridad en estas pensiones, no es, entonces, en nombre de la Patria ni de los chilenos, sino únicamente en nombre del Presidente y de sus colaboradores más cercanos.
Para la inmensa mayoría de chilenos, y en especial a aquellos que sufrieron con el 18 de octubre, a quienes le quemaron el Metro o interrumpieron el transporte público, a quienes les quemaron supermercados, a quienes les transformaron sus barrios en escenarios de guerra, a quienes les obligaban a “bailar” para poder circular libremente, a quienes debieron cerrar sus PYMES y negocios, a quienes hoy ya no pueden acceder a un crédito para la casa propia, entre muchos tantos otros; para todos ellos, el que se retribuya en nombre de la Patria a ladrones, agresores y delincuentes es una verdadera afrenta de parte de nuestras autoridades.
Es imperativo eliminar cualquier beneficio económico que jamás debió haber sido otorgado. Aunque valioso, esto no responde a un motivo presupuestario sino ético, pues aunque el dinero estuviera disponible, igualmente no corresponde premiar la incivilidad. Es, por tanto, un acto de justicia para con los chilenos trabajadores que cumplen silenciosamente con la ley, el que se termine con un acto de “gratitud” que se entrega en su propio nombre.
Pero no solo se necesita terminar este desmerecido beneficio. Debemos pensar en quienes sí se merecen un reconocimiento por su entrega y servicio al país, como aquellos Carabineros, Bomberos y miembros de las Fuerzas Armadas que han entregado la vida por proteger y defender a sus compatriotas; aquellos alumnos que se esfuerzan por salir adelante, ser cada día mejor y aportar a futuro al país; aquellos hombres y mujeres, familias, que dan todo por sus hijos; o los deportistas que representan a nuestra patria en grandes concursos internacionales y nos llenan de orgullo con sus logros. Estos son los verdaderos héroes cotidianos de Chile que, muchas veces, pasan desapercibidos porque la ideología y conveniencia política los ocultan, pero que sin ellos, Chile no sería lo que es.
Rodrigo Meléndez Barrena, Investigador Programa Constitucional, Instituto Res Publica.
