Los alcaldes Daniel Reyes y Gustavo Toro de La Florida y San Ramón respectivamente, coincidieron durante el reciente capítulo de Con Dialogo es Distinto en la necesidad de fortalecer las capacidades de los municipios para enfrentar la seguridad tras la aprobación de la nueva Ley de Seguridad Municipal.
El edil de La Florida valoró que la nueva legislación reconozca formalmente una labor que los municipios ya venían desarrollando. “En todos los municipios a lo largo y ancho de Chile cumplimos y desarrollamos labores de seguridad y particularmente los funcionarios estaban en una situación de indefensión absoluta”, manifestó.
Sin embargo, Reyes sostuvo que la normativa todavía no responde completamente a las exigencias que enfrentan los municipios, considerando que los equipos municipales suelen llegar antes que las policías ante determinados hechos.
En la misma línea, ambos alcaldes destacaron la necesidad de contar con herramientas adecuadas para los funcionarios municipales. Reyes respaldó el uso de pistolas Taser, aunque condicionado a capacitación, certificación y protocolos claros.
Gustavo Toro, por su parte, destacó que la ley reconoce el rol profesional de los equipos de seguridad municipal y establece nuevas obligaciones para los alcaldes, incluyendo una mayor coordinación operativa con policías y Ministerio Público.
El financiamiento es uno de los principales desafíos
Uno de los puntos centrales del debate fue cómo financiar las nuevas responsabilidades que la legislación entrega a los municipios.
Reyes advirtió que adquirir equipamiento y reforzar los equipos de seguridad implica costos importantes. Como ejemplo, mencionó que una pistola Taser puede tener un valor de cinco a seis millones de pesos. “Cuando tú redestinas recursos para la seguridad, va a haber otra cosa que se va a resentir necesariamente”, explicó.
Transparencia y evaluación para mejorar la gestión
Los alcaldes también plantearon la necesidad de fortalecer los mecanismos de transparencia y evaluación de las municipalidades.
Reyes respaldó la existencia de organismos técnicos independientes que puedan verificar el cumplimiento de metas antes de vincular resultados con asignaciones de recursos. “Evidentemente debería haber un organismo técnico, imparcial, objetivo que dé cuenta y certifique el cumplimiento de metas reales”, manifestó.
Por su parte, Toro agregó que debería existir una agencia que permita verificar la transparencia y propiedad de la gestión institucional, de manera que las buenas prácticas puedan ser reconocidas y quienes incumplan sean sancionados. “Creo que las buenas prácticas hay que llevarlas adelante en la administración pública”, sentenció.
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