Delitos económicos
Captura red social X | @GobiernodeChile
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El Presidente Gabriel Boric promulgó este lunes la ley que sistematiza los delitos económicos y atentados contra el medio ambiente, normativa que tiene como objetivo combatir la impunidad en esta materia.

Desde el Palacio de La Moneda, el Mandatario señaló que “por muchos años la ciudadanía ha visto con impotencia como los que los llamados ‘delitos de cuello y corbata’ suelen recibir castigados menores que otros ilícitos, aun cuando involucran grandes sumas de dinero”.

Frente a eso, dijo que “hay una percepción en la ciudadanía de que a veces pareciera existir dos justicias, una para ricos y otra para pobres. Tenemos todos el deber de trabajar para que esa percepción no se asiente y para que no sea real”.

La promulgación de esta legislación es un paso importante en esa dirección e insisto, en la recuperación de las confianzas en las instituciones“, aseveró el jefe de Estado.

El propósito central de la ley es prevenir la comisión de delitos económicos a través de imposición de mayores exigencias a las personas jurídicas y sus sistemas de cumplimiento interno, así como a los directivos y gerentes de las empresas. Si las empresas adoptan adecuadamente las exigencias de esta ley, se debería reducir significativamente el número de infracciones de este tipo.

La ley sobre los delitos económicos establece modificaciones

De acuerdo al Presidente Boric esta situación ocurre porque “el sistema de penas en nuestro país no se ajustaba bien a los delitos económicos. Cuando se dictaba la condena muchas veces se terminaba cumpliéndose en libertad o la sanción consistía en vergonzosas clases de ética“.

Respecto a las innovaciones de esta ley, la máxima autoridad política del país explicó que “se acabaron los tratos especiales para las personas condenadas por delitos tributarios, malversación de fondos públicos y cohecho”. Para esto, se tipifican nuevos delitos, se actualiza el delito de lavado de activos y “se restringen los casos en que las penas podrán cumplirse en libertad”.

Además, la normativa establece que todo delito económico siempre conllevará a una multa, la que se calculará aplicando un sistema de “días-multa”. Esto pretende hacer proporcional a los ingresos del sancionado el monto de la multa.

A esto se suma, que toda persona que sea condenada por esta ley quedará inhabilitada para el ejercicio de funciones o cargos públicos, cargos gerenciales y para contratar con el Estado.

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