Gremio estudia una propuesta para crear un Plano Regulador Agrícola Nacional, que impida destinar a otros usos los suelos empleados para cultivos.
Unas 120 mil hectáreas de “alta productividad agrícola” habrían salido de “circulación” en La Araucanía, según la Sociedad de Fomento Agrícola de Temuco (Sofo), producto de la política de traspaso de tierras realizada por la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) a comunidades mapuches.
En mayo de 2015 Sofo calculó en US$ 78 millones la pérdida de la inversión anual del sector, en base a las cifras de predios entregados por Conadi hasta 2014.
Sin embargo, el último balance de la Conadi, entregado el pasado 5 de octubre al cumplirse 23 años de la promulgación de la Ley Indígena, cifró en 215.035 hectáreas las tierras traspasadas entre 1995 y 2016, con una inversión estatal de $510 mil millones.
Andreas Köbrich, secretario ejecutivo de la Sofo, indicó que el sector agrícola “no solo dejó de producir, sino también de invertir” en esos suelos. El profesional estima que en cada hectárea “perdida” dejaron de colocarse US$ 1.000 anuales. Si se suman las 120 mil hectáreas, el total asciende entonces a US$ 120 millones.
Köbrich recordó que, según cifras de la propia Conadi, un 60% de esas tierras “están abandonadas” o se destinaron “a cultivos de subsistencia”. Desde el organismo se indicó que la entrega de tierras a grupos indígenas “no puede analizarse con un criterio económico”, ya que el espíritu de la ley considera elementos “históricos y culturales”. También se señaló que “pedirles cuenta a los beneficiarios de lo que hacen con las tierras es como pedirles a los agricultores que las vendieron que señalen en qué van a invertir sus recursos”.
Regulación agrícola
Ahora la Sofo prepara una propuesta para crear un Plano Regulador Agrícola Nacional, según anunció su presidente, Marcerlo Zirotti. El dirigente gremial adelantó que la iniciativa quedará terminada durante 2017 y que ya la comentaron “informalmente” con el ministro de Agricultura, Carlos Furche.
Añadió que, una vez que esté terminada, será estudiada con los parlamentarios de la zona para que impulsen su discusión. El objetivo del proyecto es “impedir que terrenos agrícolas de alta productividad sean destinados a otros usos”.
Para el decano de Agronomía de la U. de La Frontera, Rodolfo Pihán, “cuando son tierras dedicadas a cultivos extensivos, como el trigo o las praderas, el impacto (en la mano de obra) es bajo, porque tienen un alto grado de mecanización” y agregó que “el efecto más importante es en lo que se deja de producir”. Añadió que “hay un impacto más alto en los cultivos intensivos -frutales y hortalizas-, pero ello dependerá del tipo de producto y su tecnificación”.
Recuadro :
Declinan invitación a reuniones de Comité Asesor Presidencial
Cuatro dirigentes de las organizaciones que agrupan a las víctimas de ataques y atentados incendiarios en zonas rurales anunciaron a “El Mercurio” que declinarán la invitación para asistir al Consejo Asesor Presidencial para La Araucanía.
El primero en manifestar formalmente su decisión fue Ewald Luchsinger, miembro de la Asociación de Víctimas de la Violencia Rural y de Paz en La Araucanía, quien envió una carta a la subcomisión de Reconocimiento y Paz Social de dicho comité.
En la nota planteó que “habría resultado tal vez pertinente que se nos hubiera considerado e invitado como institución a la cual me debo y represento (…) y en quienes ellos han depositado la confianza que hoy han perdido en cualquier otra institución”.
Los dirigentes Juan de Dios Fuentes, Cecilia de Laire e Íngrid Cid también descartaron su participación en las sesiones del Comité Asesor si son invitados “a título personal”.
Fuente: El Mercurio