Regantes esperan endurecimiento de multas y sanciones por robo de agua

La sequía que afecta a la zona ha dejado al descubierto un aumento de extracción ilegal de agua o desvíos de cauces. Así lo afirman desde las diversas Juntas de Vigilancia de la región, que son los encargados de vigilar estos cauces y distribuir el escaso elemento. Los regantes esperan que antes de que se agudice este tipo de irregularidades, se concrete el proyecto que modifica el Código Penal para tipificar como delito el desvío, contaminación, usurpación u ocupación ilegal y cualquier modo ilegítimo de afectación de las aguas.

La propuesta pretende sancionar con la pena de presidio menor en su grado máximo (tres años y un día a cinco años) y multas de 500 a 5.000 unidades tributarias mensuales a quienes realicen este tipo de acciones. En este contexto, la presidenta de la Junta de Vigilancia del Río Illapel, Marcela Jeneral, indicó que llevar a cabo mayores fiscalizaciones y cursar multas es indispensable para ordenar las cuencas, pero afirmó que estas medidas deberían ser para todos igual, ‘porque a quienes siempre dañan son los pequeños agricultores, pero quien tiene más plantaciones es obvio que sacan más agua que les pertenece y esas son las grandes agrícolas, hoy está tan acotado el suministro que es fácil saber quién roba el agua’, señala Jeneral.

La dirigente de los regantes illapelinos afirma que en la actualidad los procesos son lentos, ya que las investigaciones de la Dirección General de Aguas (DGA) demoran entre seis meses a un año, con el fin de establecer sanciones y multas que, dice, son muy menores. ‘De todas las denuncias que hemos hecho, solo dos han recibido multas reales de 26 millones de pesos, pero es una burla si se toma todo el tiempo que estuvieron robando agua. Son dos agrícolas grandes que realizaron esta extracción ilegal, esto es lamentable sobre todo en este periodo tan complejo por la falta de agua’, sostiene Jeneral. En ese sentido, la ley estipularía que cuando se produzca un grave riesgo a la salud de la población, en tiempo de emergencia o catástrofe por sequía, o previo o durante decreto de escasez hídrica declarado por la autoridad, se sancionará con presidio mayor en su grado mínimo a medio (entre 5 años a 15 años) y multa de 900 a 8.500 unidades tributarias mensuales.

Asimismo, esperan que la reincidencia de este delito sea sancionada con mayor rigurosidad, por lo que el proyecto establece una pena de presidio mayor en su grado medio (10 años y un día a 15 años) y multa desde mil a 10 mil unidades tributarias mensuales. También incorpora sanciones accesorias, como la suspensión temporal del ejercicio de derechos de aprovechamiento. Uno de los últimos casos sancionados por la Dirección General de Aguas fue el que se aplicó a la agrícola ‘El Cerrito’ de propiedad de la familia Luksic. De acuerdo a la resolución de la DGA de la región, se decidió multar con 1.100 UTM, es decir $58 millones, a El Cerrito S.A. por la extracción no autorizada de aguas superficiales del estero Derecho, ubicado en el sector Pisco Elqui de la comuna de Paihuano.