AGENCIA UNO
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Distintas Juntas de Vigilancia de Atacama a La Araucanía rechazan la creación de los Consejos de la Cuenca y acusan al Gobierno de “usurpar las atribuciones de las organizaciones de usuarios en la administración y gestión de los derechos de aguas, con grave infracción de la Constitución y las leyes”.

Según señalaron las entidades por medio de un comunicado, con la creación de los Consejos de la Cuenca “se pretende imponer en los hechos lo que fue rechazado en la reforma al Código de Aguas y en el proyecto de Nueva Constitución”.

“El Gobierno quiere entregarles poder de decisión a estas entidades para que decidan la distribución de las aguas de los diversos ríos y esteros, sustituyendo o interviniendo así a las actuales organizaciones de usuarios de aguas del país, en especial sus Juntas de Vigilancia. Todo ello, como se ha dicho, sin ley alguna previa que lo autorice”, denuncian las Juntas de Vigilancia.

La instalación de Consejos de Cuenca “generará graves conflictos en la ya difícil gestión de aguas del país. Actualmente el Gobierno está llevando adelante todas las gestiones necesarias para instalar y hacer funcionar dieciséis Consejos de Cuenca Pilotos, a pesar de que dichos órganos no están creados previamente por una ley”, acusan.

“Se compromete la participación de cuadros funcionarios, de la “sociedad civil” y de representantes de organizaciones de usuarios, sin detenerse a considerar que estas no están facultadas para deliberar sobre políticas públicas que exceden el ámbito de sus respectivas atribuciones”, critican las Juntas de Vigilancia.

Quienes intervengan en la instalación de estas entidades ilegales cometerán un ilícito susceptible de ser denunciado ante la Justicia, pues no existe una ley que haya creado estas entidades y ningún funcionario público puede arrogarse más atribuciones que las expresamente consagradas en la ley” advierten, agregando que la creación de estos organismos vulnera el principio de legalidad, se usurpan atribuciones ya vigentes y existiría infracción a la legalidad en el gasto.

Ante la situación, las Juntas de Vigilancia hicieron un llamado “al Presidente de la República, Gabriel Boric, a detener de inmediato esta actuación ilegal e inconstitucional”.

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