Uganda
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El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, ha expresado su preocupación este miércoles por la adopción en Uganda de una ley que eleva las penas de cárcel por mantener relaciones homosexuales y ha pedido al presidente, Yoweri Museveni, que no promulgue una reforma que “probablemente es una de las peores de este tipo en el mundo”.

Para Turk, el visto bueno del Parlamento ugandés a esta reforma es “preocupante”, en la medida en que plantea castigar al colectivo LGTBI “simplemente por existir, por ser quienes son”. En su opinión, supondría una “carta blanca” para la “violación sistemática” de los Derechos Humanos y alimentaría el odio social.

La ley confunde relaciones consentidas y no consentidas”, según Turk, que ha instado a las autoridades del país africano “a perseguir los abusos en todas sus formas, sin importar el género o la orientación sexual de la persona que los comete”.

En este sentido, el Alto Comisionado ha señalado que “la ley será una distracción masiva a la hora de tomar medidas sobre violencia sexual que son necesarias”.

El texto penaliza la mera identificación como LGTBI, con castigos que pueden alcanzar la cadena perpetua e incluso la pena de muerte si se cataloga como ‘homosexualidad agravada’, en casos en que se considere que no hay consentimiento o median coacciones. Quienes promuevan las relaciones entre personas del mismo sexo se arriesgan a penas de hasta 20 años de prisión.

Además, Turk teme “castigos contra periodistas, trabajadores médicos y defensores de los Derechos Humanos simplemente por hacer su trabajo, en un contexto donde la persecución del colectivo LGTBI ya era palpable, como han intentado demostrar valientes activistas y diputados que han alzado su voz en contra de la ley”.

Naciones Unidas ya venía detectado un aumento del discurso de odio contra la población LGTBI y se ha hecho eco de un estudio de un grupo de la sociedad civil que denunciaba que, sólo en febrero, se produjeron más de 110 incidentes contra esta comunidad, desde detenciones a desahucios, pasando por abusos sexuales o vejaciones públicas.

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