A un año de la instauración del Estado de Excepción en El Salvador, la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos manifestó su preocupación luego de recabar información y señalar que 90 acusados por diversos delitos murieron en las cárceles del país presidido por Nayib Bukele.
Según lo dicho por la portavoz de la oficina Marta Hurtado, indicó que “en el último año han sido detenidas 65.000 personas, y algunos de esos arrestos, incluidos niños, podrían considerarse detenciones arbitrarias, ya que descansan en investigaciones con poca base, o meramente en el aspecto físico o el contexto social de los detenidos”.
En relación con las presuntos fallecimientos, la representante de la ONU expresó en conferencia de prensa que es “especialmente preocupante que haya información muy limitada sobre las investigaciones en torno a esas muertes”.
Preocupación por los DD.HH
“Entendemos los importantes desafíos que causa la violencia de las bandas, y el deber del Estado de garantizar la seguridad, pero también es obligación para este el hacerlo de acuerdo con la ley internacional en materia de derechos humanos”, señaló Hurtado tras desclasificar los archivos recaudados desde el 22 de marzo del 2022.
“Pedimos a las autoridades de El Salvador que se aseguren de que la gente no es arrestada sin la suficiente autorización legal, y que a los detenidos se les brindan todas las salvaguardas fundamentales que requieren los estándares internacionales de derechos humanos”, agregó.
Asimismo, dijo que “un modelo penitenciario excesivamente represivo reduce las oportunidades de reinserción social de los detenidos”.
Por su parte, la ministra de Relaciones Exteriores de El Salvador, Alexandra Hill, defendió estas medidas, y aseguró que el país centroamericano es “el más seguro de América Latina”.
“Muchas voces sin conocimiento ni fundamento se han pronunciado en contra de este inmenso esfuerzo de país, pero el mejor indicador de que estamos en la vía correcta son los millones de salvadoreños que aprueban las medidas del Ejecutivo”, aseguró en su intervención del 2 de marzo ante el Consejo de Derechos Humanos.