La ONU ha demandado justicia este martes por la muerte de 50 prisioneros de guerra ucranianos hace un año tras un bombardeo a un centro correccional en Olenivka, al sureste de Donetsk.
“Los prisioneros de guerra que resultaron heridos o que murieron en Olenivka, y sus familiares, merecen que se sepa la verdad y que los responsables de violaciones del derecho internacional rindan cuentas”, ha manifestado el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk.
La ONU se ha reunido con familiares de las víctimas, que han trasladado sus exigencias para aclarar lo ocurrido a finales de julio del año pasado, cuando un misil alcanzó el centro y acabó con la vida de medio centenar de prisioneros ucranianos.
En aquel momento, Rusia se apresuró a acusar a Ucrania de haber lanzado el misil, si bien desde Kiev negaron en todo momento estar involucrados en el suceso. La ONU impulsó entonces una misión para aclarar lo ocurrido, la cual se disolvió a comienzos de 2023 por la falta de garantías de seguridad.
“La Federación Rusa no proporcionó garantías satisfactorias sobre el acceso seguro de Naciones Unidas para visitar el sitio en particular, ni accedió a solicitudes generales de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU para acceder a áreas de Ucrania bajo el control militar temporal de Rusia”, ha recordado ahora la ONU.
Sin embargo, gracias a los testimonios de supervivientes del ataque y un “análisis detallado de la información adicional disponible”, Naciones Unidas sí ha logrado concluir que el incidente “no fue causado por un cohete HIMARS”, de fabricación estadounidense y empleado por Ucrania en las hostilidades contra Rusia.
Naciones Unidas no cuenta por el momento con más información para terminar de conocer lo ocurrido aquella madrugada del 29 de julio de 2022, si bien la Oficina de Derechos Humanos de la ONU ha garantizado que “continuará dando seguimiento al incidente de acuerdo con su experiencia y mandato“.
“Los prisioneros de guerra están protegidos por el Derecho Internacional Humanitario. Las muertes o lesiones graves de prisioneros de guerra deben ser seguidas de una investigación oficial y exhaustiva por parte de la potencia detenedora“, ha añadido Turk, quien ha concluido que “toda sospecha de conducta delictiva debe ser investigada”.