Con el objetivo de contar con una pronta ley de protección integral para niños y adolescentes y perfeccionar la situación del Sename, representantes de la Sociedad Chilena de Pediatría (Sochipe) se reunieron con el abogado español Jorge Cardona, miembro del Comité de Derechos del Niño de las Naciones Unidas (ONU) quien se encuentra de visita en nuestro país para investigar la situación de los niños bajo custodia del Estado y entregar recomendaciones al gobierno.
“Durante 2017 fuimos testigo de las enormes falencias que tiene el Servicio Nacional de Menores (Sename) que se arrastran desde hace varios gobiernos. Más allá de la discusión política -que poco ha aportado a la solución- es apremiante buscar soluciones con altura de miras y escuchándonos, para acordar cambios en las políticas de un sistema que esté acorde al Chile del Siglo XXI”, destaca el presidente de Sochipe, Humberto Soriano.
Los déficits de esta institución son enormes, lo que habla de la necesidad que esta reforma tiene que ser muy profunda, acentuó el doctor Iván Silva, director del Comité de Pediatría Social de Sochipe, afirmando que “sin una legislación que genere un efectivo sistema institucional de protección integral, el Sename seguirá siendo Sename, aunque le cambien de nombre”.
Opinión que comparte Carlos Becerra, presidente del Comité de Pediatría Social de Sochipe, quien asegura que la Sociedad Chilena de Pediatría se pone a disposición de las autoridades para colaborar con su experticia en los temas de salud infantil y en el tratamiento de niños portadores de enfermedades crónicas. “Proponemos la utilización de la información técnica, la evidencia científica actualizada y la experiencia disponible como soporte para la elaboración de planes de acción y políticas públicas”.
Un problema que requiere urgente solución es “el uso obligatorio de camas hospitalarias indiferenciadas de pediatría en los hospitales públicos, ordenadas por los jueces de familia, para admitir Niños, Niñas y Adolescentes del Sename imputados cuando no existe disponibilidad en las unidades especializadas de corta estadía en los servicios de psiquiatría. Por sus conductas agresivas nos está generando un enorme conflicto, porque estamos poniendo en riesgo a otros niños hospitalizados y a nuestro personal, genera reclamos de usuarios y aumenta los costos porque requieren vigilancia personalizada” recalcó el pediatra y cardiólogo infantil, Dr. Jaime Tapia, Director de Comunicaciones de la Sochipe.
Asimismo, los pediatras enfatizaron que es urgente reformar la ley de adopción y priorizar la adopción parental antes de los tres años de edad.
Para reformar el Sename se requiere políticas públicas adecuadas, que incorporen la visión de los especialistas en el cuidado del niño, pediatras especialistas en abusos y, por supuesto la participación de siquiatras y psicólogos que permitan a los niños afectados superar la condición de vulnerabilidad física y psíquica a la que han sido expuestos, sostuvieron los expertos.
También plantean que los “Hogares Sename” sean reemplazados por la modalidad de “familias acogedoras”, que lideradas preferentemente por mujeres tutoras, lleven a cabo las tareas de cuidar, proteger y educar a los niños. “Este sistema de cuidadores entrenados y fiscalizados permite que cada tutor pueda asumir la crianza y protección de uno o dos niños, con lo cual el sistema se trasforma en una red de protección social a la infancia. Ejemplos de este sistema hay muchos en el mundo y en especial mencionamos el sistema colombiano como un sistema que gradualmente ha dado muy buenos resultados”, afirmaron.
La Sociedad Chilena de Pediatría, además expresó categóricamente que el sistema de “hogares” sólo se debe disponer para niños que requieran cuidados extremos en una institución con énfasis en el cuidado médico y en la formación educacional. Ello en el entendido que estas instituciones deben reforzar los equipos profesionales a cargo e integrar la tecnología necesaria para la correcta estimulación, educación y cuidado de los niños.
Asimismo, propusieron solicitar colaboración a expertos internacionales, en la búsqueda de un gran acuerdo destinado por sobre todo a lograr el máximo bienestar de nuestros niños y adolescentes más desprotegidos, con más políticas de prevención y menos de tipo asistencialistas.
“Esta ley debería convertirse en un marco legal que imponga al Estado de Chile la obligación de velar por los derechos de los niños, niñas y adolescentes, con una institucionalidad que permita reconocer los diferentes territorios y tomar todas las acciones no solo de reparación de las vulneraciones, sino también de prevención y promoción de los derechos de los niños, donde la figura del Defensor del niño es relevante”, destacaron.