Como arbitraria calificaron asistentes de la Red Nacional de Organizaciones Migrantes y Promigrantes, la forma en que el Gobierno ha desplegado la “política migratoria”.
Entre éstas, se incluye una visa especial para haitianos, una minuta presidencial y un proyecto de ley que este martes inicia su votación en particular en la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados.
Particularmente, los representantes de las organizaciones migrantes y promigrantes interpelaron a los integrantes de esa instancia y a los parlamentarios en su conjunto, anhelando que “los legisladores estén a la altura y entiendan las consecuencias que tendría para la sociedad que el proyecto presentado por el Gobierno -a partir de una indicación sustitutiva al cuerpo legal ingresado el 2013- salga del Congreso tal como ingresó: sin enfoque de DD.HH. y sin respetar los tratados internacionales”.
Como destacaron las organizaciones, “basta con reconocer e instalar el primer artículo de la constitución política que consagra -sin distinción- que ‘las personas nacen libres e iguales en integridad y derechos’”, para situar desde dónde se debe legislar.
Es por ello que destacaron las más de 100 indicaciones presentadas por los congresistas del Frente Amplio y de la ex Nueva Mayoría, en miras a incidir en la propuesta del ejecutivo.
Junto con interpelar a la comisión, la única instancia a la que han podido acudir para presentar sus perspectivas, los instaron a recoger tales propuestas, incluyendo una visión holística del proceso migratorio que va más allá del ingreso y egreso a través de las fronteras, es decir, que considere la permanencia en el país, y que integre a los migrantes “más que como mano de obra, como sujetos de derecho”.
Otra de las propuestas es que la ley considere un sistema de visado sea múltiple, promoviendo que las personas migrantes puedan realizar actividades lícitas como trabajar y estudiar, descongestionando, a su vez, la burocracia migratoria. A esto se suma que la ley no posee ninguna mención al enfoque de género, lo que vulnera a las mujeres migrantes.
Otro de los temas levantados es el abuso en materia de vivienda materializada en subarriendos en donde la lógica de cobro se da, en muchas ocasiones, por persona. Una ley de arriendos que regule esta situación, que ha propiciado desgracias como incendios y consecuencias fatales, es otra de las demandas de las organizaciones.
Junto con reclamar la “decretocracia” de las medidas administrativas del gobierno, que se han saltado al poder legislativo, las organizaciones insistieron en la necesidad de que quienes se sometan al proceso de regularización extraordinaria reciban algún documento a partir del cual puedan trabajar de manera lícita y no precarizada a fin de no vulnerar más sus derechos como trabajadores migrantes, consagrados –por lo demás- por el Estado de Chile.
A esto se suma la poca claridad y la desinformación que han marcado este proceso, incluyendo la poca certeza a nivel de estadísticas y cifras que ha entregado el Ejecutivo.