La abogada y directora de proyectos de la ONG FIMA, Gabriela Burdiles, aseguró que la muerte del dirigente de los pescadores, en circunstancias que aún se indagan, no podrá ser tipificado de “delito ambiental por decisión del Gobierno de Chile de posponer la firma del Tratado de Escazú.
El acuerdo lleva este nombre debido a que, hace seis meses en Escazú, 14 países de América Latina consensuaron cuatro derechos en materia ambiental: acceso a la información, participación ciudadana, acceso a la justicia ambiental y defensa de las personas que luchan por la protección del medioambiente.
En entrevista con Radio Cooperativa, la jurista recordó que “este acuerdo fue promovido fuertemente por Chile desde el año 2012, donde se firmó una declaración, luego de una conferencia en Río de Janeiro con otros 10 países de la región”.
“Sin embargo, ahora decidió postergar la firma del tratado, lo que no significa que no lo pueda firmar después, pero sin duda que deja un vacío de liderazgo en la región, ya que siempre Chile es quien ha conducido estas negociaciones”, concluyó.