Agencia Uno
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El ministro de la Corte Suprema, Sergio Muñoz enfrentó las críticas que se hacen contra los magistrados por la relación que hay entre poder económico y la posibilidad de una mejor defensa en el litigio judicial.

El juez hizo hincapié en que el sistema judicial “escuche” los conflictos de las personas y priorice los recursos para evitar, por ejemplo, que los juzgados de Policía Local sólo releven lo infraccional y los tribunales ambientales dispongan de gran cantidad de recursos para un cantidad mínima de casos.

Considerar otras instancias de mediación, educar a la población, estimular que los abogados hagan entendible los procesos a sus clientes e, incluso, “hacer la pérdida” económica ante un conflicto, son para el ministro Muñoz, los pilares fundamentales para combatir el llamado “clasismo judicial” chileno.

Así lo precisó el magistrado del máximo tribunal del país en una entrevista realizada por la Federación Nacional de Asistencia Judicial (FENADAJ), la organización que representa a más de 2.000 funcionarios que brindan acceso a la justicia a los más pobres en las cuatro Corporaciones de Asistencia Judicial del país, al abordar la temática de la inequidad judicial acusada también por alcaldes y académicos las últimas semanas.

“La justicia debe contemplar formas de solución de los conflictos y no única y exclusivamente que los jueces decidan los conflictos sin importar las consecuencias”, enfatizó el magistrado argumentando que parte de este proceso “significa bajar las barreras de la complejidad de los procedimientos judiciales”.

El juez reiteró la necesidad de relevar las instancias de mediación “que en la actualidad no existen”.

ESCUCHAR AL USUARIO

Otro aspecto a considerar, agregó, es hacer entendibles los procesos. “No es posible que nosotros estemos entregando mensajes que necesitan traductores, ya sea del abogado, el periodista u otra persona”, porque al usuario del sistema no le importa “tanto la decisión como la consideración. Con eso se está respetando su dignidad y se le está dando la relevancia que el sistema tiene el deber de entregar a las personas”.

Tras reconocer que “efectivamente hay un tema que está relacionado con las clases sociales” en la justicia chilena, bajo su criterio, esto se debe a que “se da preminencia, fundamentalmente, a lo que es la protección al derecho de propiedad, los intereses económicos”.

SESGO ECONÓMICO

Para él, un claro ejemplo de esta tendencia es la “simplificación de los procedimientos basados en la cuantía de ellos”, lo que demuestra “el sesgo económico” también que permite que, “quien tiene mayores posibilidades económicas, también tienen más posibilidades de mejor defensa”.
Muy franco, el juez reconoció que “la justicia ordinaria es una justicia de menor cuantía porque todo lo que es la conflictividad mayor pasa a arbitraje o a otros tipos de justicia que obtienen las personas con mayores recursos económicos”.

En ese marco, el juez también advirtió que los juzgados de Policía Local, “han pasado a ser simplemente tribunales que se preocupan de lo infraccional y no de entregar soluciones adecuadas a las personas”.

Para Muñoz, las razones de esta realidad se explican porque “la conflictividad social está fuera de los tribunales ya que son instancias que el legislador chileno no ha entregado a los tribunales” debido a que “los problemas sociales no pueden ser abordados en su integridad, sino por cada conflicto en particular”.

“El legislador debiera generar medios o alternativas para que las personas, por otros medios distintos a los tribunales, incluso en anticipación a éstos, puedan dar una respuesta”, insistió.

EDUCACIÓN JUDICIAL

Sobre las barreras procesales, aseguró que para él están radicadas en que las personas vulnerables no entienden el sistema. “Lo que saben es que hay personas que hacen el papel de juez y -en algunos casos, ni siquiera eso,- que es el que le va a solucionar su problema pero, en realidad, no conocen ninguno de los mecanismos que están inmersos, entonces, cuando llega una decisión, no le satisface, sea que le hagan caso o no a lo que están pidiendo”.
Frente a esta deficiencia, llamó a los abogados a ser parte de este entendimiento explicando a sus clientes no sólo el fallo, sino sus alcances.

TRIBUNALES AMBIENTALES

Sobre los aportes fiscales disponibles para administrar una justicia en instancias como las proporcionada por las CAJs, que atiende a quienes no pueden pagar abogados, precisó que “muchas veces la gente que es mas vulnerable no tiene tanta presencia como la gente que tiene mayores recursos” y eso queda reflejado, para él, con los tribuales ambientales. “Desde la vida de los tres tribunales ambientales no llega a más de 50 la cantidad de casos, entonces hay toda una infraestructura que está establecida para atender una cantidad mínima de casos”.

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