Apoyado por el Grupo de Expertos Autoconvocados (GEA), integrado en su mayoría por académicos e investigadores de la Universidad de Antofagasta, el astrónomo Eduardo Unda Sanzana presentó su propuesta de incorporar en la nueva Constitución un artículo que establezca el derecho a una atmósfera libre de todo tipo de contaminación.
Unda Sanzana, quien además preside el grupo asesor del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación para temas de contaminación lumínica, entregó su propuesta durante una reunión con los convencionales constituyentes Cristina Dorador y Dayyana González, convocada por el gobernador regional, Ricardo Díaz.
El borrador de norma constitucional detalla que el Estado reconoce a la atmósfera como un “bien natural común”, el cual comprende desde el aire que respiran sus habitantes hasta el cielo a través del cual éstos ven el espacio, añadiendo que “la protección y restauración de sus características naturales son objetivos de interés público y las tareas necesarias para su logro, son deberes del Estado”.
La moción añade que “todas las personas y comunidades tienen derecho al disfrute de una atmósfera libre de cualquier tipo de contaminación”, de la misma manera que “toda persona, de forma individual o colectiva, tiene la obligación de que sus actos individuales o colectivos no contribuyan a establecer fuentes permanentes de contaminación atmosférica”.
“SERES AÉREOS”
Unda Sanzana explica que la atmósfera es esa masa de gas que rodea al cuerpo sólido de nuestro planeta, abarcando desde el primer centímetro por sobre el suelo, hasta el límite a partir del cual encontramos el espacio fuera de la Tierra y que está fijado por acuerdos internacionales.
“Interactuamos con ella las 24 horas del día, incluso mientras dormimos, pues nos provee del aire que continuamente respiramos. Sobre el suelo apoyamos la planta de los pies, pero es a través de la atmósfera que nuestro cuerpo se desplaza. No nos damos cuenta, pero somos seres, mayormente, aéreos”, afirma.
Para el experto el problema radica en que a lo largo de las últimas dos décadas ha quedado demostrado que la calidad de los cielos para la astronomía, y la calidad de la atmósfera en general, se ha ido deteriorando debido a que las protecciones legales que existen “no están dando el ancho”.
“Contamos desde fines de los 90 con una norma ambiental, que específicamente protege el cielo de tres regiones del país (Antofagasta, Atacama y Coquimbo). ¿Ha funcionado esta protección? Poco. En la práctica, tras casi 25 años, poseemos estudios recientes de evolución de contaminación lumínica que muestran que ha aumentado sostenidamente”, sostiene.
Para Unda Sanzana, este constante deterioro de la atmósfera debe detenerse, y al respecto destaca como un hito primordial su incorporación como una obligación constitucional.
“Tenemos la oportunidad y la necesidad de dar una señal potente a las nuevas generaciones de Chile y al mundo entero sobre la importancia que damos a este tema. La protección del brillo natural de la atmósfera (en todo el rango electromagnético, de luz visible o invisible) es crucial para proteger la calidad de vida y salud de seres humanos y ecosistemas. Además de salvaguardar nuestra relación con el patrimonio cultural asociado a la contemplación del cielo, también cuidará la posibilidad de observar el espacio fuera de la Tierra, cimentando el rol de Chile en la astronomía mundial”, subraya.
El investigador planteó que esta iniciativa recoge la experiencia acumulada por la comunidad científica sobre temas de contaminación lumínica, pero se hace cargo además de otras posibles formas de contaminación que, al modificar las propiedades de la atmósfera, pueden afectar negativamente la calidad de vida de los seres humanos y la salud de los ecosistemas.
“Es una norma que busca entregar una protección de primer orden, porque la atmósfera es algo que tenemos con nosotros las 24 horas del día”, sostiene.
ESTADO
El texto presentado a los convencionales constituyentes detalla que “el Estado se esforzará por liderar esfuerzos internacionales que, en base a evidencia científica, regulen las acciones de los seres humanos con efectos en la atmósfera, buscando mejorar la calidad de vida de los seres humanos y la salud de los ecosistemas”.
En esto, se plantea la creación de un estatuto especial que regule las obligaciones del Estado en la protección y restauración de las características naturales de la atmósfera, de modo de garantizar la existencia de condiciones que, a largo plazo, favorezcan la supervivencia de la vida en la Tierra, a la vez que permitan una continuidad de la valoración patrimonial y del quehacer científico relacionados con la observación de los cielos y del espacio.
Tras su presentación en la reunión con los convencionales constituyentes, la propuesta será socializada buscando adhesiones de la comunidad, instituciones, sociedades científicas y otros.
Se trata de la primera moción que surge de los científicos que componen el Grupo de Expertos Autoconvocados, grupo surgido en 2020 y que sigue trabajando en otros planteamientos para entregar a la Convención.