Hasta el laboratorio de la Universidad de Chile, ubicado en la comuna de Independencia, llegó un grupo de diputados del Partido Republicano, quienes fueron sorteados para ser los primeros en realizarse el test de drogas que ahora exige el Congreso.
En ese sentido, el diputado Agustín Romero apuntó a la necesidad de que ampliar la aplicación del test. “Este examen quiero que se repita en más autoridades del país, es importante que vaya desde la autoridad del Presidente la República, los ministros, los subsecretarios e incluso los jueces, las personas que deben resolver estos temas”, aseguró.
Junto a esto, agregó de paso que “para el país el tema del narcotráfico y el abuso de las drogas es una situación dramática, compleja, que tiene mucha de nuestra población sujeta e inmersa dentro de mafias”.
Por su parte, el parlamentario José Meza respondió a las críticas del oficialismo a la medida, desde donde acusaban una violación a la vida privada al hacerse públicos los resultados.
El legislador apuntó a la contradicción de ese sector, ya que según comentó, “son los mismos que impulsaron una indicación dentro de la tramitación de esta reforma, que independiente el resultado, todos los parlamentarios debían abrir sus cuentas bancarias“.
Asimismo, el diputado Meza añadió que “si no quieren estar en el escrutinio público, si no quieren dar muestras de sus aspectos privados, que no sean diputados. Si quieren representar a la ciudadanía, tienen que estar conscientes de que el ámbito de la vida privada se ve reducido y el ámbito de la vida pública se ve ampliado”.
En tanto, su par Juan Irarrázaval, también republicano, aseguró que la medida tendría una buena recepción de la ciudadanía, comentando que “el resultado va a ser positivo porque la gente va a saber qué es lo que está pasando efectivamente en la cámara con los diputados y hasta donde pueden confiar en ellos”.
Dado la modalidad del examen, los resultados estarán la segunda quincena de septiembre, y para quienes salgan positivos, deberán levantar su secreto bancario para demostrar que no tienen vínculo con el narcotráfico, arriesgando una sanción del 2% al 15% de su dieta.