Durante esta jornada, parlamentarios de Chile Vamos ingresaron la acusación constitucional en contra de la exministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Ríos.
El libelo presentado consta de dos capítulos: los 13 indultos otorgados por el presidente Gabriel Boric y algunos beneficios carcelarios a reos de la macrozona sur.
La acusación será ingresada por la tarde a la Cámara y está suscrita por Andrés Longton, Sofía Cid, Diego Schalper, Frank Sauebaum, Marcia Mora, Francisco Undurraga, Jorge Alessandri, Juan Antonio Coloma, Guillermo Ramírez y Cristián Labbé.
“Hay una ilegalidad e inconstitucionalidad clara respecto de los indultos y beneficios penitenciarios otorgados en la macrozona sur”, aseguró Longton.
Además, el jefe de bancada RN añadió que “se otorgaron, infringiendo la ley, siete indultos. Es decir, se dejó en libertad a personas que tenían un prontuario considerable, que hayan cometido graves delitos y se dejó expuesta a la ciudadanía”.
La acusación presentada por Chile Vamos
En el primero, endosan a Ríos de “responsabilidad constitucional de la exministra de Justicia y Derechos Humanos, Sra. Marcela Ríos Tobar, por infracción al artículo 6 de la Ley N°18.050, que fija normas generales para conceder indultos particulares, en relación con el artículo 4 de la misma Ley, al otorgar indulto al Sr. Jorge Mateluna Rojas y a otros seis indultados que cumplían condena por hechos delictivos circunscritos al denominado “estallido social'”.
Después, señalan que “cómo es que la liberación de personas imputadas y condenadas por hechos delictivos, especialmente por aquellos ocurridos en el marco del ‘estallido social’ de 2019, se transformó en una suerte de compromiso e interés por parte de S.E. el Presidente de la República, su Gabinete Ministerial y en general por la coalición oficialista. Este compromiso, permite entender cómo es que se incurre en una actuación ilegal que redunda en la liberación de personas condenadas por la Justicia”.
“Así lo dicho, resulta evidente que el indulto concedido entre los días 29 y 30 de diciembre es expresión de este compromiso ideológico, y a la postre material, con la impunidad de personas que han cometido graves delitos y crímenes”, menciona el documento presentado por Chile Vamos.
Mientras que en el segundo capítulo, se precisa de “falta de control jerárquico de la ex ministra de Justicia y Derechos Humanos en el otorgamiento de beneficios penitenciarios y traslados por parte de Gendarmería de Chile a ciertos presos de la macrozona sur contra lo que establece el ordenamiento jurídico vigente”.