Por orden del Juzgado de Garantía de Arauco se reabrió la investigación del caso Tomás Bravo, esto tras acoger la solicitud de la Defensoría Penal, la cual representa al único imputado del caso, el tío abuelo del menor fallecido.
La decisión fue tomada únicamente para que el Ministerio Público entregue a la Defensoría y al abogado querellante por la madre del menor, los informes que detallan los errores de metodología que se cometieron por parte del SML y la PDI durante los peritajes para esclarecer la descripción y muerte de Tomás Bravo.
Pese a que la fiscal regional del Biobío, Marcela Cartagena, había negado los antecedentes, argumentando que no se tratan de diligencias contenidas en la carpeta investigativa, la jueza de Arauco, Perla Roa, optó por desestimar aquello, señalando que por un principio de objetividad y ante un eventual juicio, las falencias deben ser conocidas por la Defensoría.
Por otro lado, el abogado Pelayo Vial, representante la madre del menor, también se sumó a la solicitud asegurando que los antecedentes e informes serán utilizados durante la preparación de la demanda civil que llevará a cabo contra el Estado.
De esta forma se estableció un plazo de siete días para que el Ministerio Público entregue los informes mencionados, una vez que este venza la indagatoria volverá a cerrarse, considerando que la preparación del juicio oral ya esta fijada para el 24 de abril.