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La movilización de trabajadores y trabajadoras municipales de la educación en San Bernardo ya se extiende por varias semanas, y lejos de llegar a un acuerdo la situación se vuelve cada vez más compleja, debido a que el municipio inició una serie de despidos injustificados en contra, principalmente, de educadoras que estaban movilizadas, además acusan que han recibido malos tratos y amenazas por parte de la corporación.

Desde el sector piden mejores condiciones laborales, mejorar la infraestructura de los recintos educacionales, que se les paguen las cotizaciones pendientes para no generar lagunas previsionales, entre otras demandas que van en post de entregar una educación de calidad a los estudiantes. A esta movilización, también se suma la paralización que tuvieron hace algunos días funcionarios de la salud, quienes denuncian la falta de insumos y exigen contar con la infraestructura básica adecuada para otorgar el servicio a la comunidad.

En este contexto, la diputada y representante de San Bernardo, Camila Musante, puso a disposición su sede parlamentaria para recibir a las funcionarias afectadas e hizo un llamado urgente al Gobierno, para que “intervenga por los recursos que se necesitan para solucionar esta crisis y al municipio que detenga la desvinculación ilegal e irregular de muchas funcionarias”.

Junto con lo anterior, la congresista había presentando un oficio al alcalde de la comuna, Cristopher White, para que informe sobre esta crisis, sin embargo, el documento fue objetado, por lo que Musante elevó la solicitud a Contraloría para que se haga vía transparencia.

“Es muy lamentable lo que estamos viviendo en nuestra comuna y no los vamos a abandonar, porque esto está afectando seriamente la salud mental de las trabajadoras y está provocando un caos en la comuna”, enfatizó Musante.

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