Los legisladores representantes de las regiones del sur del país, Mauro González y Stephan Schubert, concretaron la conformación de una Comisión Investigadora en el Congreso, a raíz del aumento del robo de salmón en la zona y las consecuencias que ha dejado en la industria.
Recientemente, en enero de este año, una banda criminal robó tres contenedores de salmones avaluados en 600 millones de pesos desde una empresa en Talcahuano, a lo que se suman los dichos del presidente de SalmonChile, Arturo Clément, quien manifestó “que la situación cada día empeora” y advirtió que cada robo tiene un costo para la industria de al menos $200 millones.
La instancia fue apoyada por diversos diputados de forma transversal y tiene como finalidad indagar sobre el rol fiscalizador que ha tenido el Gobierno, las nulas condiciones sanitarias en que en dichas circunstancias es comercializado, y el impacto de ese delito en la industria y el trabajo en la zona centro sur del país.
El legislador por Los Lagos, Mauro González, enfatizó en que “este es un delito que ha ido en aumento en nuestra región y que se ha ido sofisticando cada vez más. Nos interesa que se investigue el fondo de estos robos y si efectivamente estarían relacionados con bandas organizadas”.
Mientras, el representante de La Araucanía, Stephan Schubert, planteó que “las altas sumas de dinero involucradas y las herramientas altamente tecnológicas que usan para cometer este ilícito, nos hace sospechar que detrás de esto pueden existir asociaciones criminales y mafias”.
El texto precisa que el salmón robado entre las plantas de procesamiento y las plantas de destino, es puesto a disposición para el público en locales comerciales en Angelmó, en Puerto Montt, y también ha sido detectada su venta en Temuco, Villarrica e, incluso, Santiago, con el riesgo sanitario que esto conlleva.
Además, añadieron la injerencia de bandas criminales que cometen estos delitos y el modus operandi para realizar los atracos y posterior comercialización.
Bajo este y otros motivos, los congresistas van a pedir a la Cámara que se abra una Comisión Investigadora, con el objeto de fiscalizar los actos del Gobierno, especialmente al Ministerio de Salud, Subsecretaría del Interior, Subsecretaría de Prevención del Delito, Sernapesca, el Servicio de Impuestos Internos (SII), Policía de Investigaciones (PDI), Carabineros de Chile, Unidad de Análisis Financiero, Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), y Servicio Nacional de Aduanas.
En caso de conseguir el visto bueno al interior de la sala, la Comisión tendrá un plazo de 90 días para cumplir con su cometido, pudiendo sesionar en cualquier parte del territorio nacional.