Este lunes 19 de junio la oposición presentará la acusación constitucional en contra del ministro de Educación, Marco Antonio Ávila.
La acción contará de siete capítulos en el que se detallan las supuestas infracciones a la Carta Fundamental en las que ha incurrido la autoridad.
En ese sentido se afirma que “se ha normalizado la violencia en distintos establecimientos educativos, ya se conocen las enormes repercusiones que el cierre de establecimientos educativos ocasionó”.
“Desde marzo de 2022 todos estos problemas no han hecho más que profundizarse y pese a que muchos de ellos poseen explicaciones de mayor complejidad, la diligencia que ha podido verse en el Ministro de Educación para abordar estos asuntos y reaccionar ante la crisis es deficitaria”, detalla la minuta.
El documento a presentarse critican los programas de educación que impulsa la cartera, asegurando que existe una infracción al derecho preferente de los padres a educar a sus hijos, en el marco de la implementación de “Jornadas de Educación No Sexista”.
Por otro lado, acusan una infracción a la Ley General de Educación, debido que presuntamente se excluyó a los estudiantes con discapacidad de la “política de Educación exclusiva, “resulta inconcebible que en el contexto de la agenda impulsada por el Ministro, se haya omitido incluir a los estudiantes con discapacidad”, aseguran las bancadas de oposición.
Otro de los puntos abordados en la acusación constitucional que se presentará, argumenta que “el Ministerio en el marco de su priorización de “alfabetización en sexualidad”, estuvo disponible a extralimitarse en las facultades de la JUNAEB y a contravenir las bases de licitación y los contratos vigentes”.
“Se plantea que esta actuación contraviene el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos y muestra cómo el Ministro incumplió el deber de supervigilancia que le corresponde por sobre la JUNAEB”, se añade.
“La manera en cómo esto se ha desarrollado podría importar un mal manejo de recursos públicos por montos superiores a los $40 mil millones de pesos”, aseguran.
“La acusación explica como la JUNAEB ha realizado pagos por servicios licitados en dos procesos de licitación, los cuales no se realizaron finalmente. Se estima que los montos involucrados podrían superar los $70 mil millones de pesos”, agrega la minuta.