El contralor general dela República, Jorge Bermúdez, anunció la suspensión de nuevas transacciones a fundaciones.
Según consignó Emol, esto lo dijo durante su participación en la comisión de Función Jurisdiccional y Órganos Autónomos del Consejo, cuya medida duraría “mientras no se aclare la situación” del denominado “caso convenios”.
“Hoy respecto de las transferencias que se hacen a fundaciones y corporaciones privadas hay una orden, tomada centralizadamente que es suspender la toma de razón mientras no se aclare bien la situación y eso evidentemente que va a ocasiones que los plazos que se extiendan. Pero eso es por una situación puntual que estamos viviendo y que era necesario poder reaccionar”, dijo.
Con respecto al caso de la fundación Democracia Viva, el contralor dijo que “lo que exista acá es una carencia de regulación del punto de vista de cómo están reguladas a nivel legal estas instituciones. Acá se ha hecho una opción por parte del Estado chileno de que sean fundaciones privadas las que ejerzan funciones que habitualmente son públicas“.
En cuanto al traspaso de dinero, señaló que “evidentemente que no ha sido con todos los resguardos, porque efectivamente de lo que estamos acá hablando aparentemente -porque esto es un proceso todavía en curso-, hay una situación de mal uso de los recursos, una situación que eventualmente puede ser de corrupción”.
Luego, frente a la prensa, el contralor explicó que esta “es una decisión que se toma a nivel nacional, se tomó la semana pasada. La tomé yo. Las comunicamos a las contralorías regionales. Pero esto es respecto de aquellos actos que se tramita por la Contraloría. Aquello que no se tramita por la Contraloría no podemos ordenar esa suspensión”.
“El Estado todos los años transfiere miles de millones de pesos a corporaciones y fundaciones privadas. Por lo tanto, esta no es una cosa que tenga ver algo puntual de este caso. Esta es una situación bastante más amplia que, evidentemente, lo que supone es que hay una manera de actuación que evidentemente hay que regular de una mejor manera“, sostuvo.
Eso sí, Bermúdez llamó a no generar falsas expectativas con esto. “Hay que tener en cuenta que cuando pasa algo por la Contraloría para la toma de razón lo que se hace es contrastar un acto administrativo, en este caso un convenio, con el ordenamiento jurídico. Si en ese contraste no hay ningún problema, la Contraloría va a decir que no hay ningún problema. Y, por lo tanto, no necesariamente en virtud de ese control se va a descubrir un hecho que eventualmente puede ser de corrupción“, sentenció.