La Bancada de diputados y diputadas de Renovación Nacional (RN) decidió oficiar al presidente de Metro para que, además de acciones judiciales, se proceda en contra de los padres de los estudiantes que durante la jornada del viernes provocaron destrozos en estaciones de la red. Además se solicita que la ministra del Interior, Carolina Tohá, investigue los hechos.
En el primero de los documentos —firmados por los jefes de la bancada, Frank Sauerbaum y Marcia Raphael, además de Mauro González que integra la Comisión de Transportes— se detalla precisamente que la destrucción y evasión de la última semana “nos vuelven a situar en los tristes acontecimientos de 2019, ya que vuelven a estar protagonizados por estudiantes y, pareciera, cuentan nuevamente con la justificación de autoridades que figuran más bien ausentes ante su ocurrencia”.
“A todos los que creen que destruir infraestructura pública es gratis, se les debe perseguir de acuerdo a su edad, y en el caso que corresponda, los padres deberán responder. Los chilenos no podemos seguir respondiendo con nuestros impuestos”, señala el jefe de la bancada de diputados RN, Frank Sauerbaum.
Es bueno recordar que según cifras del Instituto Nacional de Estadísticas, sólo en el mes de agosto de 2022 el Metro transportó a más de 50 millones de personas; mientras que según datos entregados por Metro, en un día laboral poco más de 2 millones de santiaguinos utilizan el medio de transporte para dirigirse a sus trabajos, colegios, universidades, etc.
Por eso el oficio destaca que la “complacencia con que distintos actores políticos celebraron su destrucción en el pasado es hoy ampliamente rechazada por la ciudadanía, la que valora este medio como parte de su vida diaria y ve con mucho pesar la manera en que es afectado por la evasión, las incivilidades y nuevamente por la destrucción causada por manifestaciones violentas”.
El diputado Mauro González, integrante de la Comisión de Transportes, dijo que “ya está bueno de permitir esta destrucción de bienes y que luego nadie se haga responsable. Si los estudiantes creen que su edad les permite destruir sin consecuencias, pues tendrán sus padres que hacerse cargo, algo que es perfectamente posible según nuestra ley”.
Cabe señalar que, de acuerdo a los datos de la empresa estatal, su red abarca 140 kilómetros, con 136 estaciones que se ubican en 23 comunas del Gran Santiago.
Ante la importancia que tiene el servicio y, por lo tanto, su mantención y protección, es que los parlamentarios de RN exigen al presidente del directorio de la estatal, Guillermo Muñoz, así como a su gerente general, Felipe Bravo, “deducir las acciones judiciales para perseguir la responsabilidad penal de aquellos adultos y adolescentes que cometieren delitos en contra de la infraestructura, trabajadores o usuarios del Metro, pero también aquellas conducentes a obtener la reparación por los daños causados”.
En este último punto, además, se les hace ver que “la legislación civil contempla la obligación de los padres de responder por los hechos que cometieren sus hijos o menores de edad bajo su cuidado y que ocasionaren un daño injustificado, tal como ocurre con los niños y adolescentes que resuelven atacar las estaciones del Metro de manera irracional”.
El diputado Mauro González, integrante de la Comisión de Transportes, dijo que “ya está bueno de permitir esta destrucción de bienes y que luego nadie se haga responsable. Si los estudiantes creen que su edad les permite destruir sin consecuencias, pues tendrán sus padres que hacerse cargo, algo que es perfectamente posible según nuestra ley”.
Por este motivo y ante los imágenes y registros que dan cuenta de los daños y que permitirían identificar a los autores, se les pide a las autoridades del Metro ”deducir todas las acciones judiciales que permitan obtener reparación por los daños causados en la Red, incluyendo la interposición de demandas civiles en contra de los padres de aquellos menores de edad que han ocasionado dichos daños”.
En otro oficio, la bancada de RN recuerda a la ministra del Interior, Carolina Tohá, que la Ley de Seguridad del Estado le entrega a la cartera “el monopolio de la acción penal para perseguir la responsabilidad penal de quienes cometieren estos hechos de concurrencia de las circunstancias que los califican como especialmente lesivos de la Seguridad Interior y el Orden Público”.
Así, la subjefa de la bancada RN, diputada Marcia Raphael, afirma que “acá hay delitos que se deben perseguir sin lugar a dudas, y el gobierno debe evaluar, dependiendo de la magnitud de los daños y paralización del servicio, si corresponde deducir querellas por ley de seguridad”.
De ahí que le piden “agotar las herramientas legales para investigar, esclarecer y exigir las responsabilidades penales que surgieren con ocasión de estos hechos…” y “…tener a bien ejercer las acciones penales por delitos de daños u otros que pudieren corresponder, y evaluar la interposición de querellas de conformidad con lo dispuesto en la ley 12.927, sobre Seguridad del Estado”