Campañas informativas a repartidores sobre convivencia ciudadana, capacitación a fiscalizadores y sanciones en la aplicación son parte del acuerdo que busca instalar un modelo de cooperación en el ecosistema de aplicaciones de reparto.
Un inédito convenio que habilita una serie de medidas de colaboración público-privada tendiente a mejorar la seguridad y convivencia ciudadana firmaron esta mañana la Municipalidad de Las Condes y la empresa multivertical de tecnología Rappi.
Desde el bloqueo en el uso de la aplicación hasta sanciones menores para repartidores de esta plataforma que incumplan con las leyes dentro de la comuna, son parte de las medidas que se establecen en el convenio.
Más allá de la ley
El acuerdo que va más allá de lo que actualmente se establece en la ley, y que firmó esta mañana la alcaldesa de Las Condes, Daniela Peñaloza, y el vicepresidente de Asuntos Corporativos de Rappi, Martín Martorell, busca que el municipio y la empresa tecnológica colaboren para encarar de forma conjunta una campaña de comunicación para que los repartidores conozcan las reglas de convivencia y poder prevenir y mitigar el impacto que a veces se genera en la comuna.
También, trabajar con el cuerpo de fiscalizadores de Las Condes en un protocolo para que desarrollen su tarea sobre la actividad del Delivery.
En este marco, el municipio entregará mensualmente un listado actualizado con los antecedentes de quienes han cometido infracciones en la comuna, para que sea la empresa la encargada de darlos de baja de la app.
Así, por ejemplo, repartidores que circulen sin documentación que habilite a conducir vehículos motorizados en Chile, arrienden la cuenta o circulen con un vehículo distinto al inscrito en la aplicación serán dados de baja.
Nuevos mecanismos
En esa línea, la alcaldesa Daniela Peñaloza, señaló que “el convenio suscrito con Rappi va más allá de lo que hoy se exige en la ley, porque no podemos seguir esperando los tiempos del Gobierno y el Congreso”.
“A través de este, buscamos nuevos mecanismos para avanzar en la prevención y combate contra la delincuencia a través de un convenio público – privado, y por eso creemos que este es el inicio de un compromiso que deben realizar todas las empresas de delivery para sancionar a los conductores inescrupulosos que transitan sin ley por nuestra comuna y por el país”, agregó.
Desde el año 2021 la municipalidad de Las Condes ha puesto énfasis en el fiscalizaciones de las motos siendo pionera con su Brigada Moto Stop. Solo este año han retirado un total de 1.093 motos y 682 de estas corresponden a deliverys.
En ese contexto la alcaldesa Peñaloza añadió que “estas fiscalizaciones constantes nos han permitido identificar que son las personas que circulan con pasajeros a la hora de hacer delivery, o un conductor sin sus papeles, o que arrienden la aplicación a otros, los primeros en ser considerados sospechosos de usar estas plataformas como coartada para cometer robos por sorpresa del tipo motochorros o motoclocks”.
Por último, el Vicepresidente Global de Asuntos Corporativos de Rappi, Martín Martorell, comentó que “para nosotros la seguridad es un factor clave al momento de operar. Sabemos que como empresa joven que somos aún nos quedan procesos por mejorar e implementar, y en ello trabajamos a diario. Ejemplo de esto es el acuerdo que estamos formalizando”.
Además, sostuvo que “esta iniciativa público-privada junto a la comuna de Las Condes es parte de nuestro plan para robustecer el compromiso que tenemos con la seguridad de todos los actores del ecosistema: repartidores, comercios aliados y usuarios. Estamos convencidos de que esto es también parte del impacto de Rappi en las comunidades”.