Se revela un informe del Ministro de Justicia, Luis Cordero, que destaca la falta de análisis sobre la modificación del reglamento que permitiría el tráfico de residuos peligrosos.
En el informe encargado por la Asociación de Empresas y Profesionales para el Medio Ambiente (AEPA) en septiembre de 2022, el abogado y actual ministro de Justicia, Luis Cordero, concluyó que la derogación del decreto DS 2/2010, que prohíbe el movimiento de residuos peligrosos con otros países, podría constituir una violación del Convenio de Basilea. Este tratado internacional regula el control de los movimientos transfronterizos de desechos peligrosos y su eliminación.
Según el informe, la decisión de derogar el decreto se tomó sin tener en cuenta la capacidad técnica de Chile para tratar adecuadamente los residuos peligrosos y sin evaluar los posibles impactos en la economía circular y la industria nacional del reciclaje.
Preocupación por los residuos peligrosos
Este hallazgo implica un llamado implícito al Ministerio del Medio Ambiente, liderado por la ministra Maisa Rojas, a respetar el Convenio de Basilea y a fomentar el reciclaje responsable y sostenible de los residuos peligrosos en el país.
Este tema cobra mayor relevancia en la actualidad, ya que algunos diputados como Sebastián Videla y Marisela Santibáñez han expresado su preocupación al respecto en las últimas semanas.
Además, organizaciones ambientalistas y sociales han denunciado el lobby de empresas internacionales que buscan aprovechar las ventajas de países con estándares ambientales y sociales más bajos, lo que podría resultar en menores costos de producción, poniendo en riesgo el medio ambiente y la salud humana con el cambio de reglamento.