Este martes, el Juzgado de Garantía de Arica acogió la solicitud del Ministerio Público y del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), resolviendo que sea la justicia ordinaria la que investigue la muerte del conscripto Franco Vargas durante una marcha de instrucción en Putre, hecho ocurrido el pasado 27 de abril.
Por lo tanto, rechazó la petición de la ministra en visita del caso, Jenny Book, respecto a que la causa sea indagada por la justicia militar.
Ante esta controversia, se enviará la resolución del Juzgado de Garantía de Arica a la Corte Suprema para que determine qué jurisdicción lleva la investigación.
En la audiencia de competencia inhibitoria, el magistrado Juan Araya, señaló que “el tribunal estimó que sea la jurisdicción ordinaria la que siga con la causa”.
“Hay fallos de la Corte Suprema en ese sentido que, al tratarse de delitos cuyos bienes jurídicos protegidos no sean castrenses, sino bienes jurídicos distintos o de mayor amplitud como la dignidad de la persona humana, la libertad y la vida exceden al ámbito de la justicia militar común“, argumentó el magistrado.
A lo anterior, agregó que por esta razón “el tribunal estimó que sea la justicia ordinaria la que tiene que conocer este tipo de asuntos”.
Caso Conscripto: Fiscal Carrera se refirió a lo resuelto por el Juzgado de Garantía
Sobre esta controversia, el fiscal regional Mario Carrera, de la fiscalía Arica y Parinacota, quien fue designado por el Ministerio Público para que indague el caso, explicó que durante la audiencia “se dirimió por parte de la justicia ordinaria en relación a cuál sería su postura respecto de la competencia en esta causa”.
“Afortunadamente, acogió todos nuestros fundamentos, tanto del Ministerio Público, como la de los querellantes, y eso determina que lo que ocurre ahora es trabar la competencia, que se traduce en que al no haber acuerdo entre la jurisdicción militar y la común, debe ser el órgano superior, en este caso la Corte Suprema, la que dirima esta contienda“, comentó Carrera.
Bajo este contexto, indicó que “hemos trabajado en esta causa de manera silenciosa, sigilosa, tratando de ser profesionales y no generar falsas o excesos de expectativas, que es lo que nos preocupa respecto a la víctima”.
“Tal cual, como lo señaló incluso el querellante en su presentación, nosotros ya nos hemos reunido con la víctima (…) por lo tanto, estamos atentos a los requerimientos no solamente de la madre de Franco, sino al resto de las víctimas también“, complementó el fiscal regional.
