La Ley de Reconstrucción abrió una oportunidad para que las pymes regularicen sus deudas tributarias con importantes condonaciones. Sin embargo, acogerse a un convenio de pago de hasta 48 cuotas podría convertirse en un problema financiero para aquellos negocios que no cuentan con ingresos estables para cumplir sus compromisos.
Así lo advierte Eduardo Lara, abogado del Estudio Jurídico Alfaro y Madariaga, quien llamó a las empresas a evaluar cuidadosamente las condiciones antes de firmar. “Al contado, esta ley es una oportunidad. En 48 cuotas y sin caja, puede ser un salvavidas de plomo”, sostiene, apuntando a que el principal riesgo es comprometer ingresos futuros sin tener certeza de que podrán cubrir las mensualidades.
La normativa contempla la condonación de hasta un 95% de los intereses y un 75% de las multas para quienes suscriban un convenio, con un pie del 10% y la posibilidad de pagar el saldo en hasta 48 cuotas. No obstante, el experto indica que no se debe tomar la decisión mirando solamente el valor de la cuota mensual.
¿El problema? Durante la vigencia del convenio, el saldo continúa reajustándose por IPC. Para dimensionar su impacto, Lara ejemplifica con una simulación en la que, pese a obtener una condonación de 88,3%, el pie alcanzó los $763.069 y las 48 cuotas llegaron a $223.609. De esta manera, el desembolso total proyectado asciende a $11.496.278.
Otro de los puntos que destaca es la estricta condición de caducidad. “Con una sola cuota atrasada se pierde todo el beneficio. Para una pyme sin caja, ese riesgo es enorme”, alerta. Si esto ocurre, los pagos realizados se mantienen como abonos a la deuda, pero el saldo pendiente vuelve a cobrarse con los intereses y multas originales. Además, Tesorería puede reactivar las acciones de cobranza.
Revisar antes de firmar
Para el especialista, uno de los errores que pueden cometer las empresas es aceptar el convenio sin revisar previamente el detalle de sus obligaciones tributarias. En ese sentido, recomienda solicitar el certificado de deuda, verificar cuánto corresponde a impuestos, reajustes, intereses y multas, y comprobar que el porcentaje de condonación ofrecido sea el correcto.
“Antes de firmar, revise su porcentaje: si aparece 0%, puede haber una exclusión del SII que se puede levantar”, señala. También explica que, en base a la experiencia del estudio, quienes revisaron al inicio tuvieron propuestas muy distintas a quienes esperaron. “En los primeros días, esperar y revisar salvó a varios clientes: su condonación subió de 40% a 85%”, aclara Eduardo Lara.
Otra advertencia importante tiene relación con las obligaciones tributarias generadas durante 2026, ya que la ley contempla deudas vencidas hasta el 31 de diciembre de 2025, por lo que aconseja “priorizar aquellas que puedan comprometer la continuidad del negocio y evitar utilizar toda la caja disponible para pagar el pie del convenio, dejando pendientes obligaciones tributarias más recientes”.
¿Conviene esperar una nueva ley?
Finalmente, el abogado del Estudio Jurídico Alfaro y Madariaga aborda la posibilidad de que algunas pymes prefieran esperar una nueva ventana de condonación, considerando que en 2022 y 2024 existieron beneficios que rebajaron el 100% de intereses y multas.
“Esperar otra ley es una apuesta: mientras tanto, la deuda crece y la cobranza no se detiene”, dice. Por esto recomienda “evaluar primero la posibilidad de pagar al contado, incluso por folio, para acceder a la mayor condonación. Si la empresa necesita financiamiento, compare el convenio de hasta 48 cuotas con otras alternativas disponibles, como el convenio ProPyme o un acuerdo a la medida, porque un convenio que no se puede cumplir deja a la empresa igual o peor que antes”, puntualiza.
