Las microempresas chilenas enfrentan un escenario cada vez más exigente en materia de cumplimiento normativo y gestión de personas. A las nuevas obligaciones derivadas de la Ley Karin se suma una reciente decisión de la Corte Suprema que podría aumentar la exposición judicial de empleadores que mantienen relaciones laborales sin la debida formalización.
De acuerdo con un estudio elaborado por la Pontificia Universidad Católica y la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS), solo un 45% de las microempresas cuenta actualmente con protocolos laborales y medidas preventivas relacionadas con la gestión de conflictos y el cumplimiento de la normativa vigente.
La cifra genera preocupación entre especialistas, quienes advierten que muchas organizaciones de menor tamaño continúan operando con estructuras informales o procedimientos insuficientes para enfrentar controversias laborales.
Fallo de la Corte Suprema cambia el escenario para las empresas
El contexto adquiere mayor relevancia tras una reciente resolución de la Cuarta Sala de la Corte Suprema, que modificó el criterio aplicado en casos de relaciones laborales no formalizadas.
Según el fallo, trabajadores que mantuvieron vínculos laborales bajo modalidades como honorarios o sin contrato escrito podrían disponer de hasta dos años para presentar acciones por despido injustificado. Esta interpretación deja atrás situaciones donde se aplicaba un plazo considerablemente más breve.
La decisión establece que la discusión sobre la existencia de una relación laboral no puede separarse de la acción por despido injustificado. Por ello, mientras exista controversia sobre el vínculo laboral, no corresponde aplicar la caducidad reducida contemplada en determinadas circunstancias por la legislación laboral.
Para los expertos, este precedente refuerza la necesidad de fortalecer los protocolos laborales y revisar los mecanismos de contratación utilizados por las empresas.
Especialistas llaman a reforzar la formalización
Felipe Alveal, abogado y socio de Risolvo Legal, advirtió sobre los riesgos que enfrentan muchas pequeñas empresas que aún operan con relaciones laborales insuficientemente reguladas.
“Muchas pequeñas empresas siguen funcionando con estructuras informales o relaciones laborales mal reguladas, pensando que el riesgo es bajo. Pero hoy un conflicto laboral puede extenderse durante años y transformarse en un problema judicial relevante para el negocio”, señaló Felipe Alveal, abogado y socio de Risolvo Legal.
El especialista explicó que numerosas pymes todavía carecen de canales de denuncia, procedimientos internos y herramientas claras para abordar conflictos entre trabajadores y empleadores.
Asimismo, sostuvo que el aumento de las exigencias regulatorias obliga a las organizaciones a adoptar una gestión más preventiva.
“El problema es que muchas veces las empresas reaccionan cuando el conflicto ya explotó. Y en empresas pequeñas, una demanda laboral puede afectar directamente la operación, la reputación e incluso la continuidad del negocio”, agregó Felipe Alveal.
Empresas deberán revisar sus prácticas internas
Los especialistas coinciden en que el nuevo escenario legal exige una revisión integral de los procesos internos. Esto incluye tanto la implementación de protocolos laborales como la correcta formalización de contratos y relaciones de trabajo.
La recomendación apunta a reducir riesgos jurídicos y prevenir conflictos que puedan derivar en extensos procesos judiciales. Además, destacan que una adecuada gestión laboral contribuye a proteger la continuidad operativa de las empresas y fortalecer la confianza entre empleadores y trabajadores.
