La Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura del Senado analizó los efectos del aumento del arancel aplicado por Estados Unidos a las importaciones chilenas, especialmente en la industria del salmón, uno de los principales productos de exportación del país.
La medida elevó la tasa arancelaria al 12,5% y fue adoptada tras una evaluación técnica de la oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), que incluyó a Chile entre los países que no cuentan con una normativa específica contra el trabajo forzoso.
Gobierno descarta acusaciones contra la industria salmonera
Durante la sesión, la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Paula Estévez, explicó que la decisión estadounidense no responde a la detección de casos de trabajo forzoso en la industria chilena.
La autoridad señaló que la medida está relacionada con la falta de una ley con criterios específicos sobre esta materia y aseguró que el Tratado de Libre Comercio entre Chile y Estados Unidos continúa vigente.
“La medida tiene un contexto más amplio y trasciende la relación bilateral con Chile”, afirmó Estévez, destacando que el acuerdo comercial sigue siendo una herramienta relevante para mantener la competitividad nacional.
Trabajadores y empresas advierten efectos económicos
Representantes de trabajadores del sector salmonero manifestaron preocupación por el impacto que podría generar el aumento de costos en la industria.
Desde la Multisindical de Trabajadores del Salmón y ramas afines señalaron que la medida podría afectar las negociaciones laborales y generar riesgos para el empleo. En tanto, el sindicato Mowi de Aysén advirtió que los nuevos costos operativos podrían terminar trasladándose a los trabajadores.
Por su parte, SalmónChile calificó el aumento arancelario como un “duro golpe” para la competitividad de las exportaciones, considerando que Estados Unidos representa el principal destino del producto nacional, con el 43% de los envíos.
Senado pide revisar antecedentes
Durante la instancia parlamentaria también se cuestionó el origen de los antecedentes considerados para aplicar la medida estadounidense y el rol de organizaciones no gubernamentales que presentaron informes relacionados con trabajo forzoso.
La Comisión acordó solicitar información sobre convenios suscritos entre el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP) y organizaciones no gubernamentales. Además, se buscará impulsar la discusión de una iniciativa que apunta a transparentar el financiamiento de estas entidades.
Los senadores Fidel Espinoza e Iván Flores calificaron la decisión como “arbitraria” y señalaron que acusaciones sin respaldo legal pueden generar efectos negativos en una industria que aporta miles de empleos y proveedores locales.
