El Gobierno dio a conocer los avances del proceso de Inspección Total al Estado, liderado por el Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno (CAIGG), tras la tercera sesión del Comité Estratégico de Auditoría y Revisión Fiscal.
El trabajo ha analizado hasta ahora más de 913 millones de datos del período 2022-2026, provenientes de más de 500 servicios públicos, detectando alertas y situaciones que involucran recursos públicos por más de US$9.200 millones.
La subsecretaria general de la Presidencia y presidenta del Comité, Constanza Castillo, señaló que existen distintos tipos de hallazgos: “errores, inconsistencias, mala gestión, debilidades estructurales de control, ineficiencias y, en algunos casos específicos, antecedentes que podrían eventualmente configurar irregularidades o incluso hechos de relevancia penal”.
Las alertas más relevantes
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Rendiciones bajas respecto de lo pagado
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Compras ágiles repetidas al mismo proveedor el mismo día
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Hitos contractuales incumplidos
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Subejecución presupuestaria superior al 30%
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Concursos públicos desiertos
Deuda traspasada por el gobierno anterior
El informe reveló que el gobierno anterior dejó US$3.200 millones en pagos postergados desde 2025 a 2026, equivalente a casi un 1% del PIB, afectando el pago a proveedores de salud, educación y casi 10 mil empresas.
Esta postergación corresponde al nivel más alto detectado en traspasos presidenciales desde que se tiene registro, duplicando aproximadamente la situación detectada entre los gobiernos de Piñera y Boric.
Además, hay cerca de US$150 millones pendientes de recuperación por deficiencias en la gestión de cobro de licencias médicas.
Investigaciones en cuatro organismos
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JUNAEB (Ministerio de Educación): Posibles fraudes e irregularidades en licitaciones del Plan de Alimentación Escolar, con pagos por servicios no realizados y sobreprecios.
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Ministerio de la Mujer (SernamEG y Prodemu): Uso ineficiente y falta de control de recursos públicos.
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Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones: Graves problemas de control financiero, rendiciones pendientes y no cobro de multas y garantías.
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ANID (Ministerio de Ciencia): Altos niveles de rendiciones rechazadas y recursos pendientes de rendición.
En caso de confirmarse hallazgos, estos serán derivados a las instituciones competentes para la determinación de eventuales responsabilidades.
