El presidente de la Asociación Nacional de Fiscales, Francisco Bravo, abordó los desafíos que enfrenta el Ministerio Público en medio del escándalo por la filtración de conversaciones entre la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler (PC), y la diputada Karol Cariola (PC). Durante su participación en el programa “La Entrevista” de Radio Agricultura, conducido por Alejandro de la Carrera, Bravo respondió a las críticas dirigidas contra la Fiscalía y sus autoridades.
Filtración de chats y acusaciones
En la conversación, Bravo rechazó calificar la situación como una crisis, aunque reconoció la gravedad del problema. “No crisis, ese concepto yo creo que es demasiado ampuloso para definir la situación que se genera a partir de esta filtración”, declaró. Además, destacó que existen cerca de 50 investigaciones en curso por accesos indebidos a carpetas investigativas dentro del Ministerio Público.
El fiscal también se refirió a la dificultad de determinar el origen de las filtraciones. “Nosotros no podemos hacer defensas corporativas respecto de hechos que, además, respecto de los fiscales pueden ser delitos, porque un fiscal que filtra una investigación está cometiendo un delito que se llama violación de secreto”, explicó.
Dudas sobre la fiscalía
Las críticas a la Fiscalía han aumentado luego de las declaraciones del gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, quien sugirió que podría haber “movimiento de plata” en el contexto de las filtraciones. A estas acusaciones se suman cuestionamientos dirigidos al fiscal nacional, Ángel Valencia, y al fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, quienes han sido vinculados al manejo de las investigaciones en curso.
Bravo destacó que la Fiscalía ha tomado medidas para detectar accesos indebidos a las carpetas investigativas, citando como ejemplo el caso del subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, donde se identificó que 20 funcionarios accedieron a una investigación digital. Sin embargo, enfatizó que es complejo esclarecer las filtraciones una vez que los antecedentes llegan a terceros, ya que “ninguna persona que filtra le va a reconocer que filtró y también el periodista que recibió la información, que tiene una obligación de secreto profesional, no entregará antecedentes porque tiene la obligación de proteger su fuente”.
El Ministerio Público continúa bajo el escrutinio público, mientras las investigaciones sobre las filtraciones avanzan en un ambiente de creciente tensión.
