Amnistía Internacional denunció que ciudadanos de distintos países de América Latina han sido captados por redes vinculadas a Rusia mediante falsas ofertas de trabajo, promesas económicas y mecanismos de presión para terminar combatiendo en la guerra contra Ucrania.
Según reporta EFE, la organización presentó este jueves un informe sobre el reclutamiento de ciudadanos extranjeros por parte de Rusia y advirtió que, en numerosos casos documentados, las prácticas utilizadas podrían constituir trata de personas.
El documento aborda especialmente situaciones de personas provenientes de países con condiciones económicas y migratorias vulnerables.
Entre los países latinoamericanos mencionados aparecen Colombia, Cuba, Brasil y Perú. Amnistía señaló que las redes de captación operan tanto en los países de origen como dentro de Rusia, utilizando principalmente ofertas difundidas por internet o intermediarios.
La organización explicó que algunos de los afectados viajaron a Rusia creyendo que habían conseguido empleos civiles, principalmente en áreas como informática, seguridad u otras labores. Una vez en territorio ruso, sin embargo, habrían sido incorporados a las Fuerzas Armadas y enviados posteriormente al frente de batalla.
Uno de los testimonios recopilados corresponde a un brasileño de 22 años que aseguró haber viajado desde Australia tras recibir una oferta laboral en informática. Según su relato, terminó en un centro de entrenamiento militar ruso, donde habría permanecido retenido y recibido amenazas cuando intentó abandonar el lugar. También afirmó que le quitaron su pasaporte y teléfono celular.
Otro caso corresponde a un ciudadano colombiano de 23 años, quien relató que encontró en internet un anuncio de trabajo en 2025 y viajó a Rusia pensando que realizaría labores civiles. De acuerdo con su testimonio, posteriormente fue llevado a una zona de entrenamiento, donde recibió un uniforme militar y un fusil.
También apuntan a migrantes en Rusia
El informe sostiene que existe una segunda vía de captación dirigida a migrantes y refugiados que ya se encuentran en territorio ruso. En estos casos, las personas en situaciones migratorias o económicas precarias serían presionadas para incorporarse al ejército como una alternativa frente a posibles procesos de detención o expulsión.
Amnistía también documentó casos de ciudadanos cubanos. Uno de ellos, identificado como Enrique, contó que aceptó incorporarse a las Fuerzas Armadas rusas luego de que le ofrecieran la posibilidad de obtener la ciudadanía del país. Otro ciudadano cubano habría recibido una propuesta similar mientras cumplía una condena en Rusia.
La organización afirmó que las redes de reclutamiento explotan vulnerabilidades económicas, laborales y migratorias, y que en algunos casos los afectados reciben información incompleta o directamente falsa sobre la naturaleza del trabajo que realizarán y los riesgos asociados.
En sus entrevistas, Amnistía también recogió denuncias sobre confiscación de documentos, restricciones a la libertad de movimiento, entrenamiento insuficiente y amenazas contra quienes intentaron abandonar el servicio militar.
Perú registra cientos de casos
El fenómeno también ha sido reconocido por autoridades latinoamericanas. La Cancillería de Perú informó previamente que 459 ciudadanos peruanos habían sido captados por Rusia, con 11 fallecidos, 114 desaparecidos, tres prisioneros en Ucrania y 27 personas repatriadas.
En el caso de Colombia, su Cancillería informó que ha solicitado tanto a Rusia como a Ucrania detener cualquier vinculación de ciudadanos colombianos con sus fuerzas armadas. Hasta septiembre, el organismo registraba cientos de solicitudes de asistencia consular relacionadas con connacionales en ambos países.
Amnistía Internacional pidió a los gobiernos adoptar medidas preventivas, advertir sobre posibles ofertas laborales fraudulentas vinculadas con Rusia e investigar a los intermediarios y agencias involucradas.
La organización también llamó a evitar la criminalización automática de quienes hayan sido víctimas de estas redes y a establecer responsabilidades para quienes participen en los mecanismos de captación y explotación.
