La Corte Suprema de Argentina dejó sin efecto las restricciones que limitaban la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros, una decisión que reactiva el debate sobre la propiedad de recursos estratégicos y la llegada de inversiones al país.
La resolución del máximo tribunal permitió nuevamente la aplicación de una disposición del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023, impulsado por el gobierno de Javier Milei, que había derogado la Ley de Tierras Rurales aprobada en 2011. Esta normativa establecía límites a la participación extranjera en la propiedad de terrenos rurales.
La Ley de Tierras Rurales fijaba, entre otras restricciones, que los extranjeros no podían concentrar más del 15% de las tierras rurales del país, además de establecer límites por nacionalidad y por titularidad.
Fallo judicial no analizó la constitucionalidad de la norma
La Corte Suprema resolvió un planteamiento presentado por el Centro de Excombatientes Islas Malvinas de La Plata (CECIM), pero su decisión no se basó en determinar si la derogación de la ley era constitucional o no.
Según los antecedentes del fallo, el tribunal consideró que la organización demandante no tenía legitimación para impulsar la acción judicial y que no existía una controversia que permitiera su intervención en el caso.
Con esta resolución, quedó habilitada la aplicación del artículo 154 del DNU 70/2023, permitiendo que personas y empresas extranjeras puedan adquirir tierras rurales sin los límites establecidos por la legislación anterior.
Gobierno argentino defiende la medida
Desde el Ejecutivo argentino han señalado que eliminar estas restricciones busca facilitar la llegada de inversiones extranjeras y reducir obstáculos para el desarrollo económico.
El gobierno de Milei había intentado avanzar previamente en una modificación de la normativa a través del Congreso, pero no logró los apoyos necesarios para aprobar una flexibilización de los límites existentes.
Críticas por soberanía y recursos estratégicos
La decisión generó cuestionamientos desde sectores políticos y sociales, que advierten sobre el impacto que podría tener la apertura del mercado de tierras en zonas consideradas estratégicas por sus recursos naturales.
Entre los argumentos planteados por sus críticos se encuentra la preocupación por el control de terrenos donde existen reservas de agua, bosques, minerales u otros recursos relevantes.
De acuerdo con datos citados por medios internacionales, actualmente más de 13 millones de hectáreas rurales en Argentina se encuentran en manos extranjeras.
El fallo vuelve a instalar en la agenda argentina la discusión sobre el equilibrio entre la atracción de capitales internacionales y la regulación sobre la propiedad de la tierra.
