La Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU y ex presidenta, Michelle Bachelet, manifestó que la vacunación forzada no es admisible “bajo ninguna circunstancia”. Pese a lo anterior, señaló que “si una persona se niega a cumplir con la obligación de vacunarse puede tener consecuencias legales”.
Según consignó T13, Bachelet señaló un seminario del Consejo de Derechos Humanos que se deben tomar en cuenta importantes consideraciones de derechos antes de hacer obligatoria la vacunación.
“Debe cumplir con los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y no discriminación“, explicó.
Si bien la Alta Comisionada dijo comprender los objetivos que tienen los países que quieren la obligatoriedad de la vacuna, insistió en que la medida solo debe usarse cuando sea necesario “para lograr objetivos imperiosos de salud pública”.
“Y solo cuando las medidas menos intrusivas, como llevar tapabocas y la distancia social, no logren satisfacer esos objetivos de salud pública”, agregó.
Por otra parte, señaló que para que la obligación esté de acuerdo con los principios fundamentales de los Derechos Humanos de igualdad y no discriminación los países deben tener la certeza de que las dosis son “seguras y efectivas”, además de contar con el suministro suficiente.
Finalmente, la expresidenta mencionó que una medida apropiada puede ser el restringir ciertos derechos y libertades a personas no vacunadas, cómo el acceso a instalaciones de hospitales y colegios.
