La justicia de Argentina concedió este martes prisión domiciliaria a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, luego que la Corte Suprema de ese país confirmara la condena de seis años de cárcel e inhabilitación política de por vida dictada en su contra por el caso conocido como “causa vialidad”.
El caso por el que fue condenada gira en torno a la defraudación al Estado en obras viales en la provincia de Santa Cruz, donde se le acusa de haber favorecido de manera irregular al empresario Lázaro Báez mediante el direccionamiento de contratos públicos.
Fernández fue condenada en 2022 por el delito de administración fraudulenta, aunque fue absuelta del cargo de asociación ilícita. La condena fue ratificada en noviembre de 2024 por la Cámara Federal de Casación Penal, pero la defensa presentó un recurso ante la Corte Suprema, la cual finalmente confirmó el fallo el pasado 10 de junio.
Según el fallo del Tribunal Oral Federal 2, la exmandataria de 72 años cumplirá la medida en su departamento en Buenos Aires, donde reside junto a su hija y su nieta. La resolución establece que se le instalará una tobillera electrónica para monitorear su ubicación.
“Ordenar a la Dirección de Asistencia a Personas bajo Vigilancia Electrónica dependiente de la Subsecretaría de Asuntos Penitenciarios del Ministerio de Seguridad Nacional, la colocación de un dispositivo de vigilancia electrónico”, indica el documento oficial.
La decisión judicial considera la edad de la exjefa de Estado y su seguridad personal como elementos atenuantes, en referencia al intento de atentado que sufrió hace tres años.
Asimismo, la expresidenta deberá acatar reglas de conducta estrictas mientras dure la medida. Entre ellas, permanecer en su domicilio, salvo en situaciones excepcionales que deberá informar y justificar con antelación.
Con esta decisión, Cristina Fernández queda inhabilitada para ejercer cargos públicos, truncando su intención de postular como diputada provincial por Buenos Aires en las elecciones del próximo 7 de septiembre.
