El Gobierno de los Estados Unidos anunció este viernes el envío del porta-aviones nuclear USS Gerald R. Ford, el buque más avanzado y de mayor capacidad de su flota, hacia aguas del Caribe y de América del Sur, como parte de un despliegue militar que la administración considera “indispensable” ante el agravamiento de sus tensiones con Venezuela.
Según un informe de la agencia Reuters, el porta-aviones estará acompañado por ocho buques de guerra adicionales, un submarino nuclear y aeronaves de quinta generación, en lo que Washington describe como un esfuerzo para “detectar, vigilar y perturbar” redes ilícitas vinculadas al narcotráfico.
El anuncio fue interpretado por analistas y gobiernos de la región como la acción más contundente hasta ahora de la administración de Donald Trump en el hemisferio occidental, mientras acusa al gobierno de Nicolás Maduro de tolerar o facilitar actividades de trafico de drogas entre Venezuela y el resto de América Latina.
Según el Pentágono, este despliegue fortalecerá las capacidades de la U.S. Southern Command (SOUTHCOM) en la región y responde a “una amenaza creciente que compromete la seguridad del hemisferio”. Reuters+
¿Qué explicación dio EE. UU. de este despliegue?
Las autoridades estadounidenses han vinculado este aumento de presencia naval a la lucha contra organizaciones que Washington considera “narco-terroristas”. Según Reuters, el objetivo declarado es cortar rutas marítimas de narcotráfico, especialmente aquellas que saldrían desde Venezuela hacia el Caribe, y ejercer presión directa sobre la estructura delictiva que, según la Casa Blanca, estaría ligada al Estado venezolano.
Además, semanas antes, otros despliegues —como el envío de aviones F-35 a Puerto Rico y ataques a embarcaciones sospechosas de traficar drogas— habían elevado ya el nivel de alerta en la región.
El movimiento militar ha generado inquietud entre países latinoamericanos, algunos de los cuales ven en esta batería naval una escalada potencial hacia un conflicto más amplio.
Desde Caracas, el gobierno venezolano denunció el despliegue como una “amenaza directa” a su soberanía, mientras que en Bogotá y otros centros diplomáticos se ha hablado de convocar foros regionales para evaluar el impacto de la militarización.
Por su parte, el Pentágono sostiene que la acción es compatible con la defensa hemisférica y la interdicción de redes criminales trasnacionales.
