Un informe de la organización Chinese Human Rights Defenders (CHRD) documentó 209 casos de presuntas torturas y malos tratos registrados entre 2016 y 2025 en distintas zonas de China, además de recoger testimonios sobre privación de sueño, descargas eléctricas, falta de atención médica y encierro en jaulas de hierro.
El documento, titulado “Barrido bajo la alfombra: fallas sistémicas para poner fin a la tortura en la República Popular de China”, analiza casos de personas detenidas y entrevistas realizadas a defensores de derechos humanos, familiares y abogados.
Según la organización, los abusos se habrían utilizado, entre otros fines, para obtener confesiones. El informe sostiene además que los presos de conciencia fueron objeto de especial persecución dentro del sistema de detención.
Entre los 209 casos analizados, uno de cada cinco reclusos denunció haber sido golpeado, mientras que un 15% afirmó haber sido sometido a torturas con el objetivo de conseguir confesiones. Además, un 35% señaló haber sufrido una atención médica insuficiente. CHRD vinculó esta última situación con 16 muertes bajo custodia.
Descargas eléctricas y encierro en jaulas
Los testimonios recopilados por la organización incluyen denuncias de privación de sueño, comida y agua, exposición a temperaturas extremadamente bajas, descargas eléctricas, suspensión por las muñecas y confinamiento en jaulas de hierro.
CHRD afirmó haber encontrado referencias a casos de tortura en todas las provincias y regiones administrativas especiales de China, excepto Macao.
La organización también señaló que las denuncias rara vez terminan en investigaciones o sanciones. De los 209 casos revisados, identificó referencias a investigaciones judiciales sobre denuncias de tortura solamente en dos casos, correspondientes a los activistas Ding Jiaxi y Huang Xueqin.
En otro expediente, el de Ji Xiaolong, un tribunal aceptó excluir una confesión al considerar que había sido obtenida mediante malos tratos. Sin embargo, posteriormente el activista fue condenado. CHRD aseguró que no encontró constancia de funcionarios procesados o sancionados por torturar a presos de conciencia en los casos analizados.
China rechaza las acusaciones
El Gobierno chino rechazó las acusaciones. El Ministerio de Relaciones Exteriores afirmó ante AFP que las autoridades judiciales del país “manejan los casos en estricto acuerdo con la ley y aseguran plenamente los derechos legales de todas las partes”.
Además, el ministerio acusó a Chinese Human Rights Defenders de mantener prejuicios contra China y de fabricar acusaciones.
China ratificó en 1988 la Convención de Naciones Unidas contra la Tortura. El informe de CHRD también recuerda que en 2021 Pekín aseguró ante el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria que el riesgo de tortura “no existe” en China.
El documento aparece además en un contexto en que la legislación china prohíbe formalmente la tortura y el uso de violencia para obtener confesiones. CHRD sostiene, sin embargo, que el problema radica en la falta de investigación y sanción efectiva de las denuncias.
