Organizaciones de derechos humanos volvieron a poner el foco sobre la situación de los presos políticos en Nicaragua, tras advertir que 23 personas opositoras o críticas del Gobierno permanecen sin que se conozca su paradero.
Al menos 23 opositores o personas críticas del Gobierno de Nicaragua permanecen en condición de desaparición forzada, según denunció el Colectivo de Derechos Humanos para la Memoria Histórica de Nicaragua, en el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas.
La organización, integrada principalmente por activistas nicaragüenses que se encuentran en el exilio y con sede en Costa Rica, sostuvo que las autoridades no entregan información sobre el paradero de los detenidos y restringen su comunicación con familiares y representantes legales. También denunció dificultades para acceder a medicamentos y atención médica independiente.
Actualmente, el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas en Nicaragua contabiliza al menos 60 personas como presos políticos. De ese total, 23 permanecen en condición de desaparición forzada.
El número ha experimentado un importante incremento durante los últimos meses. De acuerdo con información publicada por Confidencial, entre mayo y julio de este año los casos registrados bajo esa condición aumentaron de nueve a 23. Las organizaciones atribuyeron parte del incremento a nuevas detenciones y a casos que comenzaron a ser denunciados después de períodos prolongados de silencio de las familias por temor a represalias.
ONG exige conocer paradero de los detenidos
Entre los casos mencionados por las organizaciones se encuentra el de Ricardo José Mendoza Irigoyen, de 64 años, quien fue detenido el pasado 23 de enero. Según la denuncia, desde entonces su familia no ha logrado obtener información sobre dónde permanece recluido.
También figuran el excoronel sandinista Carlos Brenes y su esposa, Salvadora Martínez, detenidos en agosto de 2025, además del militar en retiro Víctor Boitano Coleman. Los tres tienen más de 60 años.
Las organizaciones han advertido además que el número real podría ser superior. El abogado Gonzalo Carrión, del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, explicó anteriormente que existe un subregistro debido a que algunas familias evitan hacer públicas las detenciones por temor a posibles represalias.
El Colectivo de Derechos Humanos para la Memoria Histórica pidió a las autoridades nicaragüenses informar dónde se encuentran las personas detenidas y cuáles son sus condiciones, además de presentar pruebas de vida y permitir encuentros regulares con familiares y representantes legales. También reclamó la liberación de quienes considera presos políticos.
Recuerdan muerte de Brooklyn Rivera bajo custodia
Dentro de su denuncia, la organización recordó el caso del exdiputado indígena miskito Brooklyn Rivera Bryan, quien murió bajo custodia estatal el pasado 30 de mayo después de haber permanecido en condición de desaparición forzada.
Según el organismo, Rivera estuvo más de 970 días sin que se conociera públicamente su paradero y posteriormente fue presentado cuando se encontraba en estado crítico. Falleció pocos días después mientras permanecía bajo custodia estatal.
El Colectivo sostiene que nueve opositores y críticos del Gobierno nicaragüense han muerto bajo custodia estatal durante los últimos siete años.
La denuncia se conoce además pocos días después de que ocho organizaciones humanitarias reportaran la detención y posterior desaparición de la abogada y defensora de derechos humanos Thelma Montenegro, cuyo paradero, según esas entidades, se desconoce desde el 25 de agosto.
