El presidente de Colombia, Gustavo Petro, declaró este lunes un Estado de Emergencia Económica y Social en todo el territorio nacional, una medida excepcional que regirá por 30 días y que busca enfrentar un profundo déficit fiscal tras el rechazo de su reforma tributaria por parte del Congreso.
Mediante el Decreto 1390 de 22 de diciembre de 2025, el Gobierno afirmó que la falta de una herramienta legal para financiar cerca de $16,3 billones del Presupuesto General de la Nación para 2026 —producto del hundimiento de la iniciativa de financiamiento— pone en riesgo la continuidad de servicios públicos clave como salud, subsidios y obligaciones estatales.
En ese contexto, el Ejecutivo consideró necesario activar la emergencia para expedir decretos legislativos y ejecutar operaciones presupuestales de manera urgente.
La declaratoria autoriza al Gobierno a tomar medidas sin la previa aprobación del Legislativo, con la condición de que el Congreso ejerza control político una vez culminado el periodo de emergencia.
Además, el decreto contempla herramientas para redirigir recursos y buscar nuevas fuentes de ingreso que ayuden a compensar el vacío fiscal generado.
La decisión ha generado debate en Colombia, pues críticos aseguran que la situación no cumple con los requisitos constitucionales de una emergencia económica que implique hechos imprevisibles y extraordinarios.
Sectores empresariales y políticos advierten que el decreto podría ser revisado por la Corte Constitucional, mientras el Ejecutivo sostiene que la medida es necesaria para evitar una crisis fiscal más profunda.
