El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció esta semana el despliegue de 800 soldados de la Guardia Nacional en Washington, D.C., con el objetivo de asumir el control de la Policía Metropolitana y desplazar a personas en situación de calle de cara a canalizar lo que definió como una emergencia de seguridad pública.
En una entrevista televisiva, Trump afirmó que pretende “rescatar” la ciudad de la supuesta ola de criminalidad. Asimismo, expresó su intención de “desalojar los campamentos de personas sin hogar en todos nuestros parques” según El País, señalando: “La gente en situación de calle deben irse inmediatamente. Te daremos un lugar para quedarte, pero lejos de la capital”.
Acompañando esta medida, el mandatario ordenó la federalización temporal del Departamento de Policía de Washington, bajo la supervisión del Departamento de Justicia — liderado por la fiscal general Pam Bondi. La medida ha sido considerada sin precedentes en su tipo, al desplazar la gobernabilidad local hacia una autoridad federal directa.
Aunque Trump justificó su orden en la necesidad de frenar la violencia, las estadísticas oficiales contradicen esa percepción: los delitos violentos han disminuido significativamente. En 2024, la tasa cayó un 35 % en comparación con años anteriores, alcanzando el nivel más bajo en tres décadas, y continuando esa tendencia en 2025.
Por su parte, la alcaldesa Muriel Bowser calificó la medida como “hiperbólica y falsa” y advirtió que el envío de tropas podría no ser la mejor respuesta a la situación.
Organizaciones defensoras de los derechos de las personas en situación de calle denunciaron el enfoque como una actuación política que ignora soluciones reales de protección social y vivienda digna.
En el ámbito legal y constitucional, la medida ha reactivado el debate sobre los límites de la autoridad presidencial, especialmente en un distrito que goza de derechos de gobierno autónomo bajo la “Home Rule Act”.
