El Parlamento venezolano aprobó este jueves una nueva ley contra las organizaciones no gubernamentales (ONG) en el país. Todo esto, en un contexto marcado por denuncias de represión y detenciones arbitrarias de opositores tras las recientes elecciones presidenciales. La normativa, denominada “Ley de fiscalización, regularización, actuación y financiamiento de las organizaciones no gubernamentales y afines”, fue aprobada por unanimidad en la Asamblea Nacional, según informó su presidente, Jorge Rodríguez.
Esta ley se aprobó tres semanas después de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamara a Nicolás Maduro como ganador de los comicios del 28 de julio, a pesar de las acusaciones de fraude y manipulación por parte de la oposición, que considera como legítimo vencedor a su candidato, Edmundo González.
Represión en Venezuela
Desde la proclamación de Maduro, las ONG y organismos internacionales de derechos humanos denuncian un aumento en la represión, incluyendo más de mil detenciones, al menos 23 muertes, la cancelación de pasaportes a periodistas y activistas, investigaciones judiciales contra figuras opositoras y el bloqueo temporal de redes sociales como X (antes Twitter). Esta ola represiva ha generado preocupación global, especialmente por el impacto en las libertades civiles y los derechos humanos en Venezuela.
Volker Türk, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, pidió al gobierno venezolano que reconsiderara la adopción de esta ley, advirtiendo que podría “socavar el espacio cívico y democrático en el país”.
Venezuela apruba ley contra ONG
La normativa establece un “sistema uniforme” para la creación, registro, organización, funcionamiento, administración y desarrollo de las ONG en Venezuela. Uno de los puntos más controvertidos es la obligación de las organizaciones de notificar sobre cualquier financiamiento o donaciones recibidas, especialmente si provienen del extranjero, para asegurar la licitud de los fondos.
El texto también requiere que las ONG aclaren cómo contribuyen al desarrollo económico y social del país y detallen si su financiamiento proviene de fuentes internacionales. Estas organizaciones deberán registrar periódicamente sus fuentes de financiamiento ante la autoridad competente, un requerimiento que muchos consideran una herramienta para aumentar el control gubernamental.
Activistas y representantes de ONG han expresado su preocupación, señalando que la ley busca criminalizar a la sociedad civil organizada. La ley contra ONG “formaliza la persecución a las organizaciones de la sociedad civil venezolanas”, afirmó Oscar Murillo, coordinador general de la ONG Provea, en su cuenta de X.
Alí Daniels, codirector de Acceso a la Justicia, denunció que el objetivo de esta ley es reprimir aún más a las ONG y cerrar el espacio cívico en Venezuela. Por su parte, Gina Romero, relatora especial de la ONU sobre los Derechos a la Libertad de Reunión Pacífica y de Asociación, mostró su preocupación por el “discurso estigmatizador” del gobierno, que asocia a las ONG con el “terrorismo” y la “difusión de ideas fascistas”.
En Venezuela, decenas de fundaciones y grupos no gubernamentales se dedican a temas como la atención a presos, el monitoreo de la violencia, la revisión de casos de ejecuciones extrajudiciales, la libertad de expresión y el análisis de indicadores económicos y sociales.
