El gobierno venezolano, a través de su misión ante la ONU, remitió este jueves una carta al secretario general António Guterres en la que denuncia un “nivel de amenaza sin precedentes” por parte de Estados Unidos.
Lo anterior se debe al reciente despliegue militar estadounidense en el Caribe. Venezuela solicitó a Guterres que inste a Washington a detener estas acciones y respete “la soberanía, integridad territorial e independencia” del país.
Según explicó el ministro de Exteriores Yván Gil en un comunicado difundido en Telegram, Caracas acusa a EE. UU. de intensificar una política de hostigamiento que incluye sanciones ilegales, campañas de descrédito, el desconocimiento de instituciones legítimas y la judicialización con fines políticos. Esta escalada alcanza ahora un nuevo pico con el despliegue de destructores, un crucero lanzamisiles y un submarino nuclear de ataque rápido, lo que constituye la primera introducción de activos con capacidad nuclear en la región.
Venezuela argumenta que este despliegue vulnera múltiples marcos legales: el Tratado de Tlatelolco, que prohíbe armas nucleares en América Latina y el Caribe; la Carta de Naciones Unidas; y la Declaración de América Latina como zona de paz adoptada por la CELAC. Gil afirmó además que estas acciones erosionan la estabilidad hemisférica y ponen en riesgo la paz internacional.
“Venezuela no es una amenaza para nadie, pero jamás aceptaremos la imposición de la fuerza”, declaró.
Contexto del despliegue estadounidense
La administración Trump ha desplegado una operación militar significativa en aguas del Caribe como parte de una campaña contra el narcotráfico. El contingente incluye varios destructores, un submarino nuclear de ataque, drones, aviones espía y cerca de 4.000 marines, según reportes de Reuters y The Guardian.
Estados Unidos justifica la operación señalando que se dirige contra redes criminales clasificadas como terroristas, como el “Cartel de los Soles” y el Tren de Aragua. Además, duplicó la recompensa por la captura del presidente venezolano a US$50 millones.
Como respuesta, el gobierno de Nicolás Maduro ha movilizado 4,5 millones de milicianos, reforzó la frontera colombiana y respondió diplomáticamente ante la ONU.
